El Tribunal de Segunda Sentencia de San Salvador ha ratificado la condena a 30 años de cárcel contra Teodora Vásquez por un delito de homicidio agravado que, según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, se debe a un aborto involuntario por una "emergencia obstétrica" no atendida.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto sostiene que Vásquez sufrió una "emergencia obstétrica" mientras trabajaba como limpiadora en un colegio y se puso de parto dando a luz a un bebé muerto en los baños del centro educativo.

La mujer fue condenada en 2008 porque, de acuerdo con el fallo, el bebé nació muerto por un aborto intencionado. El Tribunal de Segunda Sentencia ha considerado que la condena "debe confirmarse" porque "los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica".

La defensa esgrimía que las pruebas forenses presentadas por la Fiscalía no evidenciaban un aborto intencionado. El abogado de Vásquez ha insistido, una vez conocido el fallo, en que "la prueba científica no ha sido analizada en toda su amplitud" y ha anunciado un recurso de casación. "Es lamentable", ha dicho Víctor Mata.

Amnistía Internacional, por su parte, ha calificado de "tragedia" la condena a Vásquez. El Salvador tiene desde 1997 una de las leyes más duras contra el aborto. En este, así como en otros países centroamericanos, interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha pedido a El Salvador que imponga una moratoria sobre la prohibición total del aborto. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 27 mujeres purgan penas de entre seis y 35 años por homicidio agravado a causa de abortos.

El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén propuso el año pasado una reforma para permitir la interrupción del embarazo en dos supuestos -que la vida de la madre corra peligro o que el embarazo sea fruto de una violación-, pero el proyecto de ley no ha prosperado en el Congreso.