Ustedes siempre han cuestionado tanto la decisión como el procedimiento. ¿Se han cumplido las garantías de defensa y del debido proceso de la exfiscal Virginia Laparra?

En primer lugar, no se respetaron sus derechos. Denunciar a un exjuez corrupto no es delito. Por tanto, nunca debió, ni siquiera, existir un proceso penal por haber denunciado. La venganza no es elemento para perseguir. El exjuez Castellanos ha utilizado esa herramienta como arma de persecución contra Virginia Laparra. Tiene dos procesos abiertos, y en los dos su acusador es Lesther Castellanos. Aparte de tener el permiso de la Corte Suprema de ausentarse de los juicios hasta 2027, en este contexto, Castellanos es nombrado jefe relator contra la tortura. Justo después de que Laparra [exfiscal anticorrupción] fuese enviada a prisión preventiva.

Castellanos se hace auxiliar de una abogada que es pagada por la Oficina Nacional Contra la Tortura. Nos parece ilógico que este exjuez ejerza tortura en contra de una fiscal anticorrupción y que utilice el dinero y los mecanismos de la oficina de la tortura para criminalizar a Virginia.

¿Existe independencia en en el poder judicial en Guatemala?

Para nada. Los jueces y magistrados de todo el sistema de justicia fueron electos dentro de un proceso que hasta el día de hoy sigue siendo turbio. Se conoció como el caso comisiones paralelas 2020, en donde se determinó y salió a la luz la forma en la que, bajo patrones de corrupción, los jueces y magistrados están en los puestos que están. Se trata de un mecanismo elaborado por los corruptos para garantizar su impunidad. Todos los jueces y magistrados están ahí por un favor político, por un favor personal, y ellos deben responder a ese favor. No podemos hablar de independencia cuando sabemos que ellos tienen una misión ahí que es la de criminalizar.

Ha dicho que la propia exfiscal está sufriendo tortura.

Existe violencia, tortura y tratos crueles. Tanto en audiencias públicas como dentro del sistema de justicia y el sistema de salud, quienes no han cumplido sus funciones. Hemos escuchado y tenemos las audiencias grabadas [del juicio de Laparra] donde Ricardo Méndez Ruiz, el fundador y jefe de la Fundación contra el Terrorismo, e incluso Castellanos le han dicho a Laparra que ella debió quedarse callada. Que debió haberse quedado en casa para no hablar lo que no tenía que hablar. También le han dicho que lo que ella está viviendo es una "muerte civil".

De parte del organismo judicial hubo una ausencia de acceso al derecho a la salud. Ella estuvo grave en el mes de noviembre, cuando inició el juicio, y la juez Oli González no le dejó acceder a un sistema de salud hasta febrero de 2023. Tuvieron que pasar cuatro meses para que ella, en su urgencia, pudiese acceder a un sistema de salud. Actualmente está padeciendo todas estas consecuencias, puesto que su cuadro de salud emocional y psicológica se ha agudizado. Nos parece totalmente fuera de lugar que la oficina nacional de la tortura le vaya a visitar, cuando sabemos quien es el jefe [refiriéndose a Méndez Ruiz].

¿Dónde cumple la prisión preventiva?

Desde el 7 de junio del año pasado, cuando se produjo el traslado, hasta el momento en el que se hace esta entrevista, Virginia está en una prisión de alta seguridad [hace una breve pausa] militarizada. En la cárcel de Matamoros.

Los propios querellantes siguen ocupando puestos institucionales, a pesar de que ellos han alegado constantemente haber sufrido daños. Por lo que me cuenta, no se aprecian esos "daños" .

Ellos se han referido mucho a que la denuncia de Laparra les ha causado daño y que esas acusaciones en contra del exjuez corrupto es un golpe a la independencia judicial. Esa ha sido su bandera. Argumentan que por esa razón los ciudadanos hemos dejado de confiar en la Fiscalía del ministerio público (en sus siglas, MP). Eso no es verdad, las razones por las que hemos dejado de confiar en el ministerio son las acciones ilegales que hace. Ven a Laparra como un logro a esa superioridad, que está respaldada por el Gobierno de Guatemala y el Congreso de la República. Castellanos fue nombrado relator, y Omar Barrios [el otro denunciante] fue nombrado comisario de la Portuaria de Guatemala. Los dos nombrados por el MP.

Otra abogada de la exfiscal, Claudia González, ha sido detenida también por luchar contra la corrupción. ¿No tiene miedo de que tomen represalias contra usted?

Tengo denuncias presentadas por la Fiscalía y por la jueza dentro de uno de los procesos en contra de Virginia. Claro que tengo miedo. Claro que sé cuáles serían las condiciones en el caso de que llegara a pasar algo. Es una incertidumbre no saber qué me va a pasar y cómo el Estado pueda tratar mi caso por ser una mujer maya y abogada indígena. Cuando yo digo que soy una mujer maya en una de las audiencias, Castellanos se ríe de mis argumentos. Ahí veo remarcado el nivel de racismo y discriminación de las instituciones del Estado. Ya en otra audiencia, cuando yo argumento en relación a una resolución del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, este exjuez dijo públicamente que las resoluciones no significan nada para el Estado de Guatemala y que Naciones Unidas (en sus siglas, NU) "es nadie". El organismo que él preside pertenece a NU.

¿Por qué la exfiscal no abandonó el país sabiendo el peligro que corría?

Ella siempre dijo que denunciar no es un delito. No había de dónde fundamentar una denuncia. A ella no la capturaron con pelucas, ni disfrazada, ni con lentes de sol, ni como han capturado a los verdaderos corruptos en Guatemala. A ella la capturaron saliendo de su trabajo, cumpliendo con su deber. Ella creía en el Estado de Derecho y en que se impartiría justicia, pero se dio cuenta de que no. Bien podría pagar la multa y salir, pero eso sería convalidar que su acción fue ilegal, y no es ilegal.

El proceso judicial ha sido opaco y con una clara diana.

Es un patrón que hemos observado en los procesos en contra de los operadores de justicia. En primer lugar, que los abogados y defensores somos vistos como opositores del sistema. En segundo, el ministerio público siempre carga contra la nueva Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) o contra la Fiscalía de Asuntos Internos. Siempre son hacia dos sus dirigentes, Rafael Curruchiche y Noel Rivera Vásquez (jefes de los dos organismos, respectivamente). Ambos dirigidos por la fiscal Consuelo Porras. También es una casualidad que los casos de estas dos fiscalías siempre van a parar a los mismos jueces.

¿Siempre a los mismos?

Por arte de magia acaban en los mismos, y tenemos doce juzgados en Guatemala. Siempre caen en el tercer, cuarto, quinto, séptimo y décimo. El de Virginia lo conoció el séptimo; el caso de las otras exfiscales, el tercero y cuarto; el de Claudia González, el décimo. El de los periodistas, por el juez quinto. Me refiero al caso de José Rubén Zamora [detenido tras acusar de corrupción al Gobierno que preside Alejandro Giammattei] y de otros periodistas que también cayeron en uno de estos. 

Otro patrón que encontramos es que todos los procesos se encuentran bajo reserva. Tal es la reserva que a nosotros no nos los muestran, pero sí a la Fundación contra el Terrorismo (en sus siglas, FCT) y a las personas que se encargan de denunciar. Es curioso que Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, de la fundación, anuncian de forma anticipada que va a haber capturas o presentan en sus redes sociales adelantos de las investigaciones de las cuales nosotros no tenemos conocimiento.

La exfiscal dijo en unas declaraciones previas a su sentencia que la FCT "es una fundación para infundir el terror". ¿Forma parte del ministerio público?

Teóricamente no, pero Raúl Falla, el abogado de esa fundación, tiene unos vídeos de una entrevista en los que dice que ellos "operativizan" los procesos en contra de los fiscales y los defensores. Entonces, dicen, en esa misma entrevista, que trabajan de forma conjunta con el ministerio público. Eso explica por qué tienen ellos informaciones y nosotros no. En muchas audiencias aseguran que tienen reuniones de trabajo con el MP, del cual se supone que son independientes. 

Da la impresión de que llaman terrorismo a todo lo que vaya contra el Estado. ¿Eso incluye a los que luchan contra la corrupción del propio Estado?

Exactamente. En la primera declaración de Virginia Laparra ingresamos en la sala de audiencias y ellos le dijeron: "Bienvenida al pacto de corruptos. La vamos a ir a ver donde un día usted nos puso".

Están tomando represalias contra ella.

Es una venganza. Es ahí donde quiero ir. El Estado de Guatemala también se lo ha dicho. Dicen que en el momento en el que inicia los procesos internacionales Laparra se va a aprovechar del Estado de Guatemala, porque seguramente la tendrán que indemnizar económicamente y representa un daño al patrimonio económico de Guatemala. Todo esto quiere decir que el Estado es consciente de que hay ilegalidades.

Hablemos de las elecciones de Guatemala. ¿Cómo ha vivido el proceso electoral?

Cuando se hacen las elecciones el pasado 25 de junio y la segunda vuelta el 20 de agosto hay una conciencia social, un cansancio de la población, que reclama cambios. Es la segunda vez que voto en Guatemala y para mí es increíble que eso haya pasado [refiriéndose a la persecución del partido Semilla]. Yo le pregunté a mis padres y a mis colegas si eso había pasado antes y nunca había ocurrido. La forma de persecución y cómo pretendían quebrantar la decisión del pueblo. El partido Semilla significa oposición a sus intereses. En cambio, al partido de Sandra Torres no lo persiguieron. En mi caso, fui observadora del proceso electoral en la segunda vuelta y yo vi cuando estaban entregando sobornos con dinero. Nosotros lo denunciamos y ¿qué pasó? Las denuncias se quedaron guardadas. ¿Acaso esto no es justicia parcializada?.

¿Qué ocurre si ilegalizas el partido ganador, como es Semilla? 

Ese es el problema. En la primera declaración que hicieron afirmando que el partido Semilla no tenía personalidad jurídica, el MP usurpa y se atribuye funciones que no le corresponden. Porque esas sanciones, en todo caso, le corresponderían por la vía administrativa al Tribunal Supremo Electoral. Cuando se da esta situación ellos [el MP] notifican a todo el Estado, incluyendo al congreso de la República. El Congreso les niega la participación a los diputados de Semilla. Esto significa la antesala a lo que se puede venir el 14 de enero. Ya hubo una votación para ignorar a los diputados de Semilla, a los de la legislatura anterior. Imagínate qué podría pasar para el 14 de enero. No van a tener ni voz ni voto.

El actual presidente Gianmattei dice que va a entregar el poder al Congreso de la República, sea quien sea. Pero si siguen orquestando esta trama en contra del partido Semilla y del presidente electo, hay una posibilidad de que no se lo entregue a Bernardo Arévalo. Sabemos de forma interna en Guatemala que en el Congreso de la República ya están negociando quién va a ser el nuevo presidente. Todo apunta a que vaya a ser un operador de la corrupción, otro de los compinches de Gianmattei. Esto va mal, porque si el Congreso desconoce a los diputados, ¿cómo no va a desconocer al nuevo presidente?.