MADRID.- El Consejo General de la Abogacía Española ha elevado su "más contundente queja" a las autoridades europeas y macedonias por el empleo de gases lacrimógenos contra las personas migrantes – entre ellas niños- concentradas en la frontera de Macedonia con Grecia.

Asimismo, se ha dirigido a las autoridades francesas para reiterar que el respeto a los Derechos Humanos debe orientar cualquier actuación destinada a desmantelar el campamento de Calais, donde 3.000 personas han permanecido varios años "en condiciones inhumanas".

Al igual que en el caso de Hungría en septiembre de 2015, la Abogacía Española denuncia que en "ningún caso se justifica el uso de material represivo contra seres humanos que huyen de una guerra y que están al límite de sus fuerzas" tras haber recorrido miles de kilómetros en "condiciones durísimas".

Crisis de derechos humanos

El máximo órgano de representación de la Abogacía ha reiterado en múltiples ocasione que los Derechos Humanos deber regir las políticas migratorias y que el derecho de asilo debe ser garantizado individualmente, sin discriminación por país de origen.

"Las políticas represivas y de cierre de fronteras no solo no solucionan la grave crisis de derechos humanos que supone el tránsito masivo de personas que huyen de la violencia, la guerra, la persecución o la pobreza -sostiene en un comunicado-, sino que agrava extraordinariamente la situación".

Por eso, la Abogacía insta a las autoridades europeas y a la comunidad internacional a establecer un pasaje seguro para las personas refugiadas y a hacer frente a sus compromisos sin más demora.