El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó hoy por unanimidad ponerse a disposición del Congreso de los Diputados y del Tribunal de Cuentas para dar cuenta de sus gastos y actividades de forma individual y pormenorizada, pero no accedió a entregárselos directamente a los medios de comunicación para zanjar esta polémica.

La portavoz de la institución, Gabriela Bravo, considera que su decisión es suficiente para acabar con la 'sombra de sospecha' que se cierne sobre ellos desde que su presidente, Carlos Dívar, dimitiese por cargar a las arcas de la institución sus gastos de fin de semana en localidades distintas a la de su residencia.

Bravo destacó además que un informe del secretario general del Consejo, realizado a partir del análisis de los listados de liquidación de los viajes de todos los vocales, descarta casos análogos a los de Dívar, es decir, desplazamientos de fines de semana y a lugares distintos a sus residencias habituales. Pero el informe, añadió la portavoz, está a expensas de exámenes más exhaustivos que podrían detectar algún caso que considerarían 'sumamente excepcional'.

El informe está a expensas de exámenes más exhaustivos En cualquier caso, hoy no han hecho público tampoco el contenido concreto del informe. El Pleno pretende con su puesta a disposición del Congreso y el Tribunal de Cuentas para informar colectiva e individualmente de sus gastos superar 'la pérdida de credibilidad y confianza y el descrédito' ganado ante los ciudadanos, por unos hechos que circunscriben a la actuación de Dívar. Los vocales del bloque progresista Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz, apoyados por Margarita Uría (propuesta para el Consejo por el PNV), propusieron que el Consejo no sólo 'se pusiera a disposición' del Parlamento sino que se dirigiera formalmente a los presidentes de las comisiones de Justicia del Congreso y el Senado para informar de esa disposición. Los otros 15 vocales no apoyaron esta petición, y se abstuvieron, por lo que no fue aprobada.
Respecto a los viajes internacionales de los vocales, Bravo señaló que fueron fiscalizados por la Comisión Permanente y propuestos por las distintas comisiones del Consejo, 'en cumplimiento de sus funciones y para contribuir al prestigio de la justicia española' en el exterior. Los vocales gastaron en 2011 una media de 21.393 euros en viajes y protocolo. Hoy aprobaron un plan para fiscalizar esos desembolsos, que entre otras cosas establece que los vuelos se hagan en clase turista si son de menos de tres horas de duración, y que la dieta por alojamiento en territorio nacional no exceda de 102,56 euros.