Sólo el penúltimo de la decena de testigos que han declarado en el Tribunal Supremo a petición de la defensa de Baltasar Garzón ha merecido una pregunta del fiscal de Sala Luis Navajas. “¿Dice que está personado en un proceso de investigación en Argentina? ¿Y qué se investiga allí?”, se interesó el representante del Ministerio Público, que niega que el juez de la Audiencia Nacional cometiera prevaricación cuando se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.

Fue mientras declaraba Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. A preguntas de la defensa de Garzón, que en esta causa ejerce Gonzalo Martínez-Fresneda, Silva aseguró que su intención al acudir a la Audiencia Nacional fue que “la Justicia actúe con todas las consecuencias” frente a estos crímenes de lesa humanidad.

“Las exhumaciones ya las llevamos haciendo años, aunque debería ocuparse el Estado, pero ese es un problema aparte. Lo que queríamos es que la Justicia actuara como actúa con cualquier crimen; cuando a alguien, como le ocurrió a mi abuelo, lo detienen, lo torturan, le dan dos tiros en la cabeza y lo tiran en una cuneta. Eso tiene que tener alguna respuesta de la Justicia”, aseguró.

Por eso, señaló ya a preguntas del fiscal, su asociación no ha dudado en aportar en el procedimiento abierto en Argentina toda la información que ha obtenido sobre la desaparición forzada de víctimas del franquismo. Explicó que, en aplicación del principio de justicia universal, “el proceso puede ser bidireccional”, y al igual que ocurrió en España con los crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina en 1998, si ahora “tiene que ser una jueza argentina la que asuma la responsabilidad de investigar estos crímenes”, bienvenido sea, vino a decir el testigo.

Un testigo relata cómo mataron a su padre por dar comida a los maquis

Silva, cuyo abuelo estuvo 64 años desaparecido hasta que hallaron sus restos en una fosa, recreó ante los siete magistrados que juzgan a Garzón la atmósfera de miedo y silencio con la que han convivido las víctimas del franquismo. Afirmó que a su abuela nunca la oyó nombrar a su abuelo y que, en 2000, cuando exhumaban unos restos, la hija de un desaparecido le confesó a un familiar suyo que nunca había hablado de lo que le había ocurrido a su padre ni siquiera con su hermana.

'La consigna era que de los rojos no quedara ni rastro', dice un historiador

“Estas familias ni siquiera han tenido la conciencia de víctimas, de que les han hecho un daño que no era inevitable en una guerra. Han visto cómo se reparaba a las víctimas de las hordas marxistas y les daban trabajo en la Administración. A ellos no les daban nada”, lamentó Silva, antes de señalar que él todavía fue educado para silenciar lo que le pasó a su abuelo.

También compareció ayer como testigo Antonio Solsona, de la Asociación de Memoria Histórica de Castellón, quien relató cómo el 4 de octubre de 1947 el mando de la Guardia Civil Maximino Lobo se llevó a su padre y a un vecino y nunca volvieron a ser vistos. El testigo negó que su progenitor tuviera relación con el maquis. “Lo único es que tres o cuatro veces vinieron y pidieron comida. Poca o mucha les tuvo que dar”, señaló Solsona.

A la pregunta de si sabía lo que le ocurrió, respondió: “Saberse... Que está muerto, pero el cadáver nunca lo hemos recuperado”.

El último testigo en declarar fue Antonio Ontañón, presidente de la Asociación de la República de Cantabria, quien en el libro Rescatados del Olvido (incluido en la denuncia que el colectivo presentó en la Audiencia Nacional) reflejó la investigación que ha realizado durante 30 años sobre la represión en Santander, desde el verano de 1937, cuando cayó la ciudad. ¿Su principal conclusión? Que “había una norma, una consigna, que venía a decir que de los rojos no quedara ni rastro”. Es decir, se les ejecutaba y simultáneamente se les hacía “desaparecer jurídicamente”.

Manos Limpias fracasa en el intento de aplazar sus conclusiones al lunes

Ontañón explicó que el jefe del piquete iba a prisión a las seis de la mañana a recoger a entre 13 y 16 presos, lo que coincide con la capacidad de los camiones utilizados. Se les fusilaba en “la tapia oeste del cementerio” y eran enterrados de centenar en centenar en fosas. “Como mínimo hay 12 zanjas con 100 cadáveres cada una”, aseveró.

El juicio quedará hoy visto para sentencia, después de que las partes expongan sus informes de conclusiones. La acusación que ejerce Manos Limpias, que provisionalmente pide 20 años de inhabilitación para el juez, intentó que la vista se aplazara al lunes apelando al gran volumen de prueba documental aportada por la defensa.

La acusación, por su parte, pidió cinco resoluciones relativas a la querella presentada en 1998 por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama (Madrid). Dos de los tres autos no fueron firmados por Garzón. Uno fue de Fernando Grande-Marlaska y otro, de la sala de lo Penal de la Audiencia.