El informe médico en torno a la situación del etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga determina que en la 'situación clínica en la que se encuentra' el secuestrador de Ortega Lara, 'más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%'. Dicho de otro modo, tiene un 90% de probabilidad de fallecer antes de un año.

'El pronóstico de este paciente es muy grave. Si nos basamos en literatura científica con la misma probabilidad el proceso es irreversible e incurable. En esta situación clínica, más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%', dice el documento elaborado este jueves por la Comisión médica de Osakidetza.

De este modo el preso supera el requisito marcado por Prisiones para iniciar su excarcelación, según una circular elaborada en el año 2000 y en la que se fijan los criterios para emitir un informe médico con el que iniciar un proceso de liberación de un preso por motivos de salud. En concreto, establece que un preso será excarcelado si, a pesar del tratamiento que recibe, su riesgo de muerte supera el 10% en el plazo de un año o el 50% en el plazo de cinco años.

Precisamente, esta circular fue redactada en el 11 de enero de 2000 por el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

El informe médico, a la hora de definir el pronóstico informa de que el etarra padece 'metástasis múltiples del carcinoma renal a nivel de sistema nervioso central', 'riesgo de complicación potencialmente letal a nivel de fosa posterior' y 'nódulo pulmonar en lóbulo inferior derecho con hisptología'.

El terrorista padece un cáncer de riñón y se encuentra en huelga de hambre desde hace 9 días para exigir su excarcelación. El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha emitido un comunicado en el que señala que “tanto la familia del paciente como Instituciones Penitenciarias han sido informadas de esta situación', y añade que el recluso enfermo de cáncer se encuentra 'clínicamente estable'.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a Instituciones Penitenciarias que estudie aplicar el tercer grado para dejar en libertad al preso etarra Iosu Uribetxebarria mientras recibe los informes médicos actualizados del Hospital Donostia de San Sebastián sobre su estado de salud. Así lo ha acordado el magistrado en una providencia dictada hoy en la que establece que, una vez remitidos dichos documentos, se trasladarán a la clínica forense de la Audiencia Nacional 'a fin de que emita un informe sobre el estado de salud del interno'.

Pedraz, que adopta esta decisión en sustitución del juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, insta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que estudie 'la posible aplicación' del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, de forma que se le concediera el tercer grado, paso previo a la puesta en libertad. Tal artículo señala que 'los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad'.

Según fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia, tanto la adopción del tercer grado como la de la libertad condicional son decisiones 'administrativas' sobre las que tiene que informar la Junta de Tratamiento de la prisión en la que está internado Uribetxebarria, aunque la última palabra la tiene el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir varios escritos presentados por la defensa del preso etarra, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que reclamó su excarcelamiento por el cáncer que padece.

Precisamente, hoy el fiscal Jesús Alonso ha solicitado un informe forense en el que se detalle el estado de salud del recluso que determine si el cáncer que padece puede ser tratado 'adecuadamente' por los servicios penitenciarios hospitalarios. En una diligencia solicitada al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, el representante del Ministerio Público reclama que el penado sea examinado por el médico forense para evaluar 'la evolución de la enfermedad, el pronóstico de la misma a coste médico y el plazo y lugar adecuado para el tratamiento de este tipo de dolencias'.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó el pasado 1 de agosto trasladar al etarra desde el centro penitenciario de León, donde se encontraba ingresado hasta ahora, a un centro sanitario de referencia de la cárcel de Zaballa (Álava), que es el Hospital Donostia de San Sebastián.