Tres meses después del estallido del caso Nóos, que por primera vez en la historia de España ha conferido a un miembro de la familia real el rango de imputado por graves delitos de corrupción, la incógnita no es ya si Iñaki Urdangarin comparecerá o no ante el juez. Cuando faltan ocho días para que el yerno del jefe del Estado se someta el sábado 25 a interrogatorio sobre los manejos económicos de su asociación con el Instituto Nóos, la duda más inmediata es otra: la de si recorrerá a pie o en coche los 50 metros que median entre la calle y la puerta trasera de los juzgados de Palma, la única abierta en sábado.

Si llega andando, cada uno de sus pasos simbolizará la constatación de que la Justicia es y lo parece igual para todos. Si se le permite excepcionalmente acceder en automóvil, el mensaje más inmediato, aunque no necesariamente el más veraz, ni siquiera precisará traducción a cargo del locuaz expresident Jaume Matas. Valedor de los convenios que nutrieron con 2,3 millones las cuentas de Urdangarin y su círculo, Matas ha engrosado su currículum al pronunciar el pasado domingo la frase que con mayor desparpajo resume la cuestión: 'No somos todos iguales'.

Ahora bien, ese mensaje quedaría anulado en el supuesto de que el juez impusiera fuertes fianzas por responsabilidad civil, como prevén fuentes conocedoras del caso. De ser así, el asunto del recorrido pedestre o motorizado quedará en pura anécdota.

En principio, cualquier otro imputado debe llegar a pie. Pero la presión de la Casa Real complica la ecuación. La Corona no pedirá a los juzgados por escrito que el marido de Cristina de Borbón entre en coche. Y no lo hará porque da por hecho que la Policía ya está haciendo valer las tesis que la institución transmitió hace dos semanas en un encuentro con el jefe superior de Policía de Balears y el juez decano de Palma. Secundada por los mandos policiales, esa tesis se condensa así: por seguridad, el duque debe llegar en coche.

La posición de la Zarzuela coloca contra las cuerdas al juez decano de Palma, que oficialmente tendrá la última palabra. En medio de la vorágine, la Delegación del Gobierno se inclina por lavarse las manos. El delegado, José María Rodríguez, ya avisó el miércoles de que no se 'inmiscuirá' en las decisiones policiales sobre el dispositivo de seguridad aplicable. En otras palabras: Rodríguez se desentiende y endosa la responsabilidad al jefe superior de Policía, Antonio Jarabo. Y, también, al juez decano, Francisco Martínez Espinosa, quien alberga profundos reparos ante la idea de 'hacer distingos'.

¿Pero soportará el decano la presión? ¿Se arriesgará a que algún incontrolado o controlado cumpla lo que ya suena a profecía y ataque al duque o amague con hacerlo? Esa es la pregunta. Cuándo llegará la respuesta también es una incógnita. Pero, desde luego, algo hay ya fuera de duda: a pie o en coche, Urdangarin declarará ante el juez. Las maniobras que buscaban evitarlo han fracasado.