Un millón de firmas en un año. Esa es la meta que tendrán que conseguir los promotores de una iniciativa popular 'en defensa de la vida' a la que la Comisión Europea (CE) ha dado el visto bueno recientemente.

El europarlamentario del PP, Jaime Mayor Oreja, recordó hoy, tras su intervención en el VI Congreso Mundial de las Familias, los objetivos de la propuesta: 'Que la Comisión, en el uso de sus competencias, no utilice instrumentos que favorezcan el aborto' fuera de sus fronteras.  

Aunque el éxito de la recogida de firmas no es vinculante, porque será el colegio de comisarios europeos el que determine si acepta o no el contenido de la iniciativa, abre la puerta a la posibilidad de que la Unión Europea (UE) deje de destinar fondos para fomentar la salud sexual y reproductiva en países en vías de desarrollo.

'Es la primera vez que Europa permite una movilización de recogida de firmas de estas características', destacó Mayor Oreja, que se mostró a favor de la iniciativa y aseguró que 'no tiene color político alguno, ni la paternidad de ninguna institución concreta'.

Sin embargo, el Pontificio Consejo de los Laicos (PCL), órgano del Vaticano, se atribuyó la autoría de la iniciativa el pasado 18 de mayo. Según la agencia de noticias Europa Press , 'el PCL tendrá el próximo 11 de mayo de 2013 como fecha límite para reunir al menos un millón de firma de ciudadanos de siete estados europeos'.

No obstante, el propio Mayor Oreja, reunió en la Eurocámara, el pasado 29 de marzo, a 'asociaciones de defensa de la vida' de 22 países. Fue en esa cumbre donde 'una veintena de organizaciones' -según EuroEfe- decidieron impulsar la iniciativa.  En esta ocasión, el eurodiputado italiano del Partido Popular Europeo Carlo Casini fue el encargado de explicar que la propuesta se presentaría 'dentro de poco'. 

Poco antes de esta reunión, el 27 de marzo, el Observatorio de la Dignidad Europea, una organización no gubernamental que defiende 'la Vida, la Familia y las Libertades Fundamentales', presentó un crítico informe relacionado con el aborto en el Parlamento de la UE. El presidente de dicha organización es el español Jorge Soley, también ligado al PP a través de la FAES catalana.

En el documento, critican que Europa destine fondos de Ayuda al Desarrollo a proyectos de salud sexual y reproductiva en países en desarrollo de África, Asia o América Latina, entre otros. 'Si los fondos de la Comisión Europea se utilizan para perpetrar el aborto, como parece ser el caso, la CE estaría forzando a los Estados miembros a pagar abortos, incluso, sin el consentimiento de algunos', lamenta el Observatorio. 

En concreto, aportan datos de la financiación destinada a las organizaciones International Planned Parethood Federation (Federación Internacional de Planificación Familiar) y Marie Stopes International. Si bien es cierto que ambas instituciones promueven el aborto seguro, también cumplen con otras muchas funciones de atención a madres y niños, educación sexual y prevención de VIH y Sida -entre otras- en numerosas partes del mundo.

Cabe recordar, además, que en muchos de los países en los que trabajan estas organizaciones, son frecuentes los abortos clandestinos. Y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las interrupciones de embarazo peligrosas representan el 13% de la mortalidad materna mundial.

Aun así, el Observatorio argumenta que el término 'salud sexual y reproductiva' definido por la UE excluye el aborto explícitamente. Para ello, cita en su informe, titulado La financiación del aborto a través de la Ayuda al Desarrollo de la UE, varios artículos del reglamento que regula estas ayudas, aunque lo cierto es que dicha normativa no lo prohíbe, sino que, simplemente, no lo recomienda.

'No debería apoyarse incentivos para fomentar la esterilización o el aborto  [...] el aborto no debe promoverse, en ningún caso, como método de planificación familiar', reza el artículo 16 del reglamento citado en el informe.

Además, otro de los apartados de la ley reflejada en el estudio también promueve derechos como 'la maternidad segura y el acceso universal a una completa gama de servicios de atención de salud sexual y reproductiva'.

Asimismo, los propios autores reconocen que varias ONG y comités de las Naciones Unidas -como el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW)- 'han argumentado que el aborto debe incluirse implícitamente en el término 'salud sexual y reproductiva'.