Cada vez que aparecía el nombre de un dirigente del PP implicado durante la instruccióndel caso Gürtel, el partido se sentía perjudicado. Por eso denunció en numerosas ocasiones al primer instructor, el juez Baltasar Garzón, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Tribunal Supremo ha avalado la investigación que el órgano de gobierno de los jueces hizo de la queja principal y recuerda al partido de Mariano Rajoy que 'no está reconocido el derecho a obtener la imposición de sanciones' de los jueces a los que se denuncia.

Al rechazar el recurso del PP contra el archivo de la queja que presentó por 'las reiteradas filtraciones de la instrucción, gravemente lesivas del derecho al honor y a la propia imagen del denunciante', el Supremo insiste en que su jurisprudencia 'no acepta la legitimación del denunciante para pretender que se sancione a los jueces por la responsabilidad disciplinaria en que hubieran podido incurrir, ya que ni existe el derecho a obtener la imposición de una sanción ni integra el interés legítimo del recurrente'. Es decir, el tribunal le dice al PP algo obvio: presentar una denuncia no significa que esta tenga que terminar en sanción.

El TS reprocha al PP que se crea con el derecho a castigar al juez al que denuncia

Por si alguien no lo tiene todavía claro, la resolución añade que 'el eventual éxito' del recurrente, en este caso el PP, 'no afectaría a su esfera de derechos y deberes: ni le reportaría una ventaja ni le evitaría un perjuicio'.

Los conservadores basaban su recurso en ese primer argumento. El segundo, más justificado jurídicamente, consistía en que entendían que el Consejo 'no había desarrollado una investigación adecuada' y las deficiencias podrían haber 'afectado al acuerdo, determinando su archivo' por no apreciar responsabilidad disciplinaria alguna.

El partido alegó que le perjudicaba la publicación de datos del sumario

El Supremo considera apropiada la investigación realizada por el CGPJ, porque su Servicio de Inspección comprobó los permisos que Garzón solicitó en marzo de 2009; y habló con la jefa de prensa de la Audiencia Nacional, quien ratificó el cumplimiento del protocolo de comunicación de la Justicia de todas las resoluciones facilitadas por el gabinete.

El PP llamaba 'filtraciones' a la publicidad que se dio a los autos de inhibición a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia, a la vista de la existencia de aforados implicados en el caso. Añadía que al president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros dirigentes del PP se les notificó el auto en el que se describían los indicios que condujeron a su posterior imputación a través de una llamada de la UDEF que les pidió un fax. El partido aseguraba que Garzón se ausentó tres días del juzgado sin cumplimentar la exposición razonada que debía acompañar las resoluciones.