Muy atrás quedan los años en los que Federico Trillo defendía al juez Baltasar Garzón porque perseguía a cargos socialistas. Hoy no le perdona que comenzará a instruir el caso Gürtel y le acusa de ser un juez prevaricador. El responsable de Justicia del PP considera que el magistrado está actuando de forma 'parcial, sectaria e interesada' en el supuesto chivatazo del caso Faisán.

Considera Trillo que el juez de la Audiencia Nacional ha 'recibido un varapalo tremendo' con el auto de la Audiencia que ordena nuevas pruebas sobre el supuesto chivatazo al aparato de extorsión de ETA. 'Viene a sumarse a lo que han dicho en la inmensa mayoría de los procesos que ha participado e instruido en los últimos años que es que lo hace de forma parcial, sectaria, no neutral e interesada, y en algún caso, como se le ha acusado, de forma más que interesada', ha subrayado Trillo, en referencia al auto.

Después de recordar la admisión a trámite de otras querellas por 'prevaricación y cohecho' contra Garzón, subrayó que su partido exige al juez que 'reconozca con plena eficacia de una vez' la personación del PP y 'deje de poner pegas' para eludir 'entrar en el fondo del asunto'. Garzón ya no es el juez campeador que adoraba el Partido Popular.

En su opinión, ahora se exige 'de manera más apremiante' que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el titular de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba señalen quienes han sido los responsables de la operación 'inicialmente delictiva' y aclaren quienes son dentro del Ministerio 'los responsables de esta chapuza'.

Dicho esto, el dirigente del PP enumeró las múltiples consecuencias que se derivan del auto de la Audiencia Nacional conocido ayer.Entre ellas, afirmó que de probarse la autoría no es un asunto 'menor' sino un 'crimen gravísimo', del que 'no se puede mirar hacia otro lado'.

'La Ley en un Estado de Derecho es igual para todos y en consecuencia nadie puede burlarla', remachó en declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press.

La segunda, añadió, es que ordena al juez a practicar las pruebas que 'hasta ahora se había negado a realizar o había sustraído al conocimiento de la acusación popular'.

Por último, se recuerda el derecho de los ciudadanos a través de 'instituciones plurales, libres y sociales' a defenderse cuando 'se hace dejación de la obligación de las instituciones que tienen encomendadas la guardia de la Ley'.