Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron esta noche en Navarra a tres jóvenes vinculados a la organización ilegalizada Segi por su presunta relación con el terrorismo callejero, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista.

Los arrestados, dos hombres y una mujer, fueron detenidos en Pamplona y serían los responsables de varios sabotajes perpetrados en la capital navarra. La operación continúa abierta.

La operación, llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información de Navarra en colaboración con la Comisaría General de Información, fue ordenada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.

En el marco de este operativo, que continúa abierto, los agentes de la Policía estaban practicando varios registros a primera hora de la madrugada, incluyendo el barrio de La Milagrosa de la capital navarra, donde residen algunos de los detenidos.

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázquez, aseguró el pasado 5 de noviembre que en lo que va de legislatura --ocho meses-- se ha detenido a 51 activistas de la 'kale borroka' y a 36 miembros de ETA.

La última detención se llevó a cabo el pasado 6 de octubre, en la segunda fase de una operación contra la 'kale borroka' en Navarra iniciada a primeros de ese mes. En total, fueron detenidos en Pamplona y Barañáin ocho personas acusadas de formar parte de la organización ilegalizada Segi.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó tres días después el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para estos últimos cuatro detenidos en Navarra. El magistrado acusó a Iñaki Marin Mercero, Diego Javier Octavio Marticorena, Mikel Marin Irurozqui e Iker Aristu Echevarria de la comisión de delitos de integración en Segi, estragos terroristas y daños terroristas.

Previamente, Grande-Marlaska había tomado declaración a los primeros cuatro detenidos, decretando prisión provisional para tres de ellos. Iker Araguas, Ibai Azkona y Gorka Sueskun fueron enviados a la cárcel acusados de estragos, posesión de artefactos incendiarios y pertenencia a Segi. Al cuarto, Mikel Flamarike, el magistrado lo dejó en libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

En la primera fase de la operación policial, en la que participaron un total de 40 agentes, fueron registrados los domicilios de los cuatro detenidos, así como una taberna y un local. Allí se halló abundante documentación y material que se utiliza habitualmente para acciones de terrorismo callejero, como bombonas de gas y un petardo de gran potencia.

Previamente a esta operación, agentes de la Guardia Civil detuvieron en varias localidades navarras a finales de agosto a otras cinco personas: Alberto López Iborra, Maider Caminos, Amaia Legarra, Maitane Intxurraga y Noé López.

El juez Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ordenó prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza para López Iborra por los delitos de integración en organización terrorista por su presunta pertenencia a Segi, un delito continuado de estragos terroristas y otro de daños terroristas.

El magistrado de la Audiencia Nacional decretó días más tarde prisión para Maider Caminos Miranda y Maitane Intxaurraga Uribarri por los delitos de pertenencia a organización terrorista, daños y estragos terroristas, mientras que impuso una fianza de 4.000 euros para Amaia Legarra Beunza y dejó en libertad, con comparecencias semanales, a Noé López Albizu.

Esta operación estaba relacionada con una llevada a cabo el 24 de agosto por la Guardia Civil y en la que fueron detenidos Luis Goñi y Javier Sagardoi cuando participaban en una manifestación en Barañaín. El juez Marlaska también decretó su ingreso en prisión.

Además, el 10 de octubre, agentes de la Guardia Civil arrestaron cerca de la Audiencia Nacional a Aritz Azkona y Mikel Jiménez, sobre los que pesaba orden de busca y captura a raíz de la citada operación contra la 'kale borroka' en Navarra.

Los dos jóvenes --que al parecer acudían a entregarse cuando fueron interceptados por los agentes-- fueron enviados a prisión por Grande-Marlaska, que consideró que formaban parte de un 'talde Y' en la localidad navarra de Barañain junto a los anteriormente mencionados Jabier Sagardoi y Luis Goñi Lara. El juez imputó a este grupo siete ataques en Navarra y media docena de acciones frustradas entre diciembre de 2007 y septiembre de 2008.

Según un informe de las Fuerzas de Seguridad del Estado, los actos de violencia callejera en el País Vasco y Navarra han alcanzado en esta legislatura sus niveles más bajos desde que ETA declarase formalmente el fin de su alto el fuego en junio de 2007.

En el verano de 2007 comenzó una estrategia contra los autores de los sabotajes que, un año después, sumaba ocho operaciones policiales con un saldo total de 90 detenidos. Este impulso del Ministerio del Interior tiene el doble objetivo de acabar con la 'impunidad' del terrorismo urbano y, además, acumular la mayor información posible para conocer a los futuros miembros de ETA y dificultar su salto a la banda terrorista.

El informe de las Fuerzas de Seguridad señalaba que, hasta agosto de este año, los jueces dictaron prisión incondicional contra 53 de los 90 detenidos, casi el 60 por ciento, y la práctica totalidad de los que quedaron en libertad lo hicieron pagando una fianza o con medidas cautelares. Además, 27 de los huidos a la acción policial decidieron entregarse más tarde en la Audiencia Nacional, siendo arrestados antes de que lo hicieran.

Tras la ruptura formal del alto el fuego por parte de ETA, el 5 de junio de 2007, la organización decidió activar al máximo el frente del terrorismo urbano. El 10 de julio de ese año se produjo la primera operación policial contra el terrorismo callejero, en Alava. El frenazo a la comisión de sabotajes también ha reducido drásticamente los destinados a las empresas del Tren de Alta Velocidad, objetivo prioritario del entorno de ETA.

Con el inicio de la nueva legislatura, no se ha subido de 13 sabotajes mensuales. Marzo fue el mejor mes, con 7 ataques del terrorismo urbano, seguido de abril, con 9, los mismos que el pasado julio. En mayo, fueron contabilizados 11 sabotajes.