En su calidad de abogada, Amaia Izko ha enfrentado casos curiosos, difíciles y hasta indignantes, pero muy pocos se parecen a ese expediente que hoy despierta todos sus temores. “Estoy preocupada. Veo que se acerca el juicio, y nos vamos a enfrentar a una cosa asombrosa”, señala desde su despacho. Allí están los innumerables recursos presentados para solicitar la libertad de los tres jóvenes de Alsasua (Navarra) que continúan encarcelados por lo ocurrido en la madrugada del 15 de octubre de 2016, cuando dos guardias civiles de paisano se vieron involucrados en una reyerta de bar. O mejor dicho, en una reyerta que se acabó convirtiendo en un mediatizado caso de terrorismo.

Oihan Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno cumplirán este miércoles 170 días en prisión. Cuando caiga el sol, habrán alcanzado las 4.080 horas encerrados en régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), un estricto sistema carcelario que reduce drásticamente los derechos de las personas presas. “Eso implica un control especial sobre ti y todas tus actividades. Tienes las comunicaciones intervenidas –ya sean escritas u orales- y limitadas. No puedes escribir más de dos cartas a la semana, y tus familiares y amigos tienen un control especial en las visitas”, describe Izko. También se les aplica la dispersión –están encarcelados en Soto del Real, a 500 kilómetros de Alsasua-, una política penitenciaria de excepción que fue diseñada para los acusados de delitos relacionados con ETA.

Esas medidas no se han visto alteradas por el último auto de la Audiencia Provincial de Navarra, que el pasado 24 de marzo rechazó las acusaciones de terrorismo y solicitó que este caso –en el que también están imputados otros siete jóvenes, dos de ellos menores de edad- volviese al juzgado de Pamplona. Se trata de un asunto clave, ya que las hipotéticas condenas podrían variar radicalmente en Madrid o en Pamplona: si fuesen juzgados por terrorismo, les esperarían hasta 15 años de prisión. En cambio, los delitos de lesiones o atentado a la autoridad implicarían penas notoriamente más bajas.

En ese contexto, la suerte de los acusados está ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si son juzgados en la capital española o en la ciudad de los Sanfermines. Mientras tanto, el procedimiento debería quedar paralizado, lo que permitiría que los tres jóvenes encarcelados recuperasen –al menos temporalmente- su libertad. Así lo ha solicitado su defensa legal, pero no ha tenido éxito: “la sección primera de la Audiencia Nacional argumenta que no tiene notificación oficial del auto dictado por la Audiencia de Navarra, por lo que no se ve obligada a parar el procedimiento”, explica Izko, quien sostiene que se trata de una “auténtica burrada”. “Estamos ante un espiral de irregularidades jurídicas”, subraya.

16 mil firmas de apoyo

Frente a esa situación, cientos de personas han vuelto a salir este fin de semana a las calles de Altsasu para pedir la libertad de sus vecinos. El municipio navarro –considerado uno los lugares más militarizados de Europa en relación a su cantidad de habitantes- acogió este viernes y sábado distintos actos culturales en apoyo a los encausados y sus familiares.

Las actividades continúan este domingo con distintos talleres infantiles y actuaciones musicales, mientras que el miércoles 3 habrá una concentración en la Plaza de los Fueros de Pamplona. En esta ocasión, serán los representantes del movimiento educativo quienes expresarán su solidaridad a los familiares de los imputados. Lo harán en el marco de las concentraciones quincenales que se realizan en la capital navarra junto a distintos sectores de la sociedad civil. No en vano, la ola de solidaridad se ha convertido en un tsunami: según ha podido saber Público, alrededor de 16 mil personas han firmado a favor de su libertad y contra los montajes policiales. El denominado “caso Altsasu” ya es mucho más que un expediente judicial.