La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, no se ha hecho de rogar. Ha convocado un pleno el próximo 10 de junio para que los magistrados del alto tribunal se pronuncien sobre su propuesta de sentencia para resolver el recurso del PP contra el Estatut de Catalunya.

Es la única forma para cumplir el compromiso que adquirió la presidenta la semana pasada, cuando aseguró a un grupo de periodistas que habría sentencia del Estatut antes del verano.

Casas sabe que su propuesta es el último intento que se puede permitir el Constitucional para dictar su resolución sin necesidad de recurrir a la votación precepto por precepto, sistema que llevan meses solicitando cuatro de los magistrados más contrarios al Estatut. Una opción descartada hasta ahora por la complejidad que presenta redactar una sentencia que necesariamente irá acompañada de numerosos votos particulares.

Pero si la propuesta de Casas no cuenta con el respaldo suficiente, ese será el método que se utilice para que haya sentencia antes del verano. El séptimo borrador que se somete al pleno se basa en las deliberaciones mantenidas durante años y que culminaron en la quinta y última propuesta que hizo la primera ponente, Elisa Pérez Vera.

Pérez Vera abandonó la ponencia el pasado 16 de abril, al rechazarse su propuesta por seis votos a cuatro. El magistrado Manuel Aragón, nombrado a propuesta del Gobierno, se alineó con los magistrados más contrarios al texto catalán.

Por eso, que el borrador de Casas tenga éxito pasa necesariamente porque este magistrado vuelva a acercarse a las posiciones mantenidas por los miembros del pleno considerados más progresistas: la propia presidenta, Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay.

Si Aragón votara con ellos, la propuesta que estudiará el pleno del próximo 10 de junio obtendría cinco votos y podría salir adelante con el voto de calidad de Casas. Era lo que se esperaba el pasado mes de abril, cuando su voto se sumó al de los magistrados conservadores y la presidenta entregó la ponencia al vicepresidente, Guillermo Jiménez.

La propuesta de Jiménez -que elevaba los 15 artículos que declaraba inconstitucionales el texto de Pérez Vera, que también interpretaba otros 25-, no consiguió ningún apoyo, ni siquiera de los magistrados considerados más cercanos a su posición: Aragón y Ramón Rodríguez Arribas. Guillermo Jiménez renunció a la ponencia el pasado día 19. La asumió Casas.