SEVILLA.- Andalucía es la primera administración de España que saca adelante sus cuentas públicas para el próximo año y lo hace en medio de una tormenta política sin parangón. El Consejo de Gobierno de Susana Díaz, en una sesión extraordinaria, ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley del presupuesto andaluz para 2017, que asciende a 29.477 millones de euros, un 2,8% más que en el presente ejercicio.

En realidad, el cómputo total llega hasta los 33.299,5 millones de euros, sin embargo, un pellizco importante, unos 4.162 millones (el 22,2%), irá destinado a amortizar la deuda de la Junta con el Estado por los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica y el Plan de Pago a Proveedores. Andalucía dedicará 11,4 millones de euros al día para a saldar esa deuda pública con el futuro Gobierno de Mariano Rajoy, un gasto que absorbe la quinta parte del total. El capitulo más abultado de los presupuestos sigue siendo el de personal de la Junta, que asciende a 10.241,8 millones de euros, 175 millones más que en 2016.

El rápido acuerdo entre PSOE-A y Ciudadanos ha propiciado la aprobación de unas cuentas que, según la Junta, “son garantía para la estabilidad política, confianza para la inversión y posibilidades de desarrollo económico y de creación de empleo”. Díaz define a sus socios como “un partido de derechas”, pero defiende que el presupuesto andaluz es “claramente de izquierdas”. “No hay ninguna política en estas cuentas que no sean netamente socialistas”, advierte la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.

Los números andaluces son, en realidad, un equilibrio entre las políticas progresistas que defiende el PSOE y algunas propuestas conservadoras que ha introducido Ciudadanos, como aumentar el gasto para la escuela católica concertada o reducir el impuesto de sucesiones y donaciones, que hasta ahora la Junta defendía como un gravamen a las capas más adineradas. 

El contraste entre la tranquilidad con la que gobierna Susana Díaz y la incertidumbre que depara al futuro Ejecutivo de Mariano Rajoy (visible ya durante el discurso de investidura) es palpable. La andaluza, que aspira a convertirse en la secretaria general del PSOE, tiene los mejores avales que necesita en su propia comunidad: disfruta de la estabilidad política y económica que le otorga el pacto presupuestario con Ciudadanos, y que contrasta con la inestabilidad que sufren otros barones socialistas que gobiernan apoyados en Podemos; ganó las elecciones cuando el PSOE no hacía más que perder comicios, y aventaja en 14 diputados al PP y en 32 al partido morado; lidera la región más poblada, la Administración con el presupuesto más abultado (29.500 millones de euros) y se jacta de gestionar la crisis con políticas de izquierdas, sin recortes dramáticos en el gasto social, sin despedir a empleados públicos ni privatizar, demostrando que existe una forma de gobernar alternativa a la del PP. “Andalucía es un factor de estabilidad para este país, es ejemplo para España de política basada en el diálogo y en el consenso con otras fuerzas”, avisa el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez.

El proyecto de ley llegará al Parlamento el próximo lunes, el debate a la totalidad en el pleno tendrá lugar el 9 de noviembre y la aprobación definitiva está prevista para el el 22 o 23 de diciembre. El Ejecutivo andaluz ha mantenido los plazos habituales para la tramitación de las cuentas, a pesar de que aún no existen Presupuestos Generales del Estado.

Susana Díaz ha trazado el diseño de sus políticas para 2017 contando con números que aún bailan en la incertidumbre: No se conoce el techo de gasto para las comunidades, no se sabe la incidencia que tendrá para las autonomías el ajuste de 5.500 millones que ha pedido Bruselas a España, se desconoce el impacto que tendrá el Brexit en la economía española, se desconocen las entregas a cuenta del Gobierno a las comunidades (la Junta ha contabilizado la misma cifra que este año, pero prevé percibir un 2,5% más) y aún no se sabe si van a flexibilizarse las condiciones de las comunidades en el cumplimiento del déficit.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en un acto en Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

Es por todo ello que los partidos de la oposición -PP, Podemos e IU- coinciden al hablar de “brindis al sol” sobre los próximos presupuestos andaluces, y acusan a la presidenta andaluza de hacer una proyección del gasto que al final no será ejecutada en su totalidad.

Estado de Bienestar

Los principales números que recoge el anteproyecto de ley son estos: Ocho de cada diez euros del futuro presupuesto (el 84,4%) van destinados a inversión social, con un incremento del 5,5% en Salud (9.304 millones), que incluye 97 millones más de gasto de personal sanitario; un 3,8% más en Educación (6.103 millones) y un 2,5% más en Dependencia (1.161 millones). Para estos departamentos esenciales, la Junta ha programado una oferta de empleo público que suma 5.500 plazas entre sanitarios y profesores.

Una de las reivindicaciones que Ciudadanos ha logrado plasmar en el presupuesto beneficia a la escuela católica concertada: se consignará la dotación necesaria para la devolución a los profesores de la enseñanza concertada del 50% de la paga extra correspondiente a 2012 y para la homologación de sus retribuciones con los docentes de la pública, quedando el pago de la otra mitad de la extra comprometido para el Presupuesto de 2018.

Infraestructuras

La partida para infraestructuras, la gran sacrificada durante la crisis, aumentará un 2,3% hasta alcanzar los 3.668,1 millones, 131 más que en este año (1.312 millones de inversión real directa más 2.355,6 millones mediante transferencias de capital).

La inversión pública en Andalucía representa, por tanto, un 11% del total del presupuesto, lejos aún de las macrocifras anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria (que llegaron a superar el 20%), pero constatan una clara recuperación de la confianza del Gobierno andaluz en el ladrillo (en el conjunto nacional el gasto en infraestructuras supone sólo un 4,5% del total). El sector de la construcción experimenta ya 21 meses de crecimiento consecutivo, y la inversión pública lleva aumentando 30 meses seguidos.

Empleo y crecimiento

Las cuentas andaluzas recogen un aumento del gasto y también un leve crecimiento de los ingresos (0,5% más), unos diez millones de euros hasta alcanzar los 2.301,5 millones de los tributos directos e indirectos gestionados por la comunidad. Esto, a pesar de que la reducción del impuesto de sucesiones pactada con Ciudadanos detraerá unos 74 millones de euros de las arcas públicas, y de se prevén menos ingresos por fondos europeos y por las partidas finalistas del Gobierno.

Sin embargo, la Junta confía en cuadrar sus números gracias al crecimiento de la economía andaluza, que estiman en un 2,3% del PIB regional; gracias a que habrá una mayor recaudación vía tributos, gracias al dinero que prevén recibir del Estado (por ahora cuentan con los casi mil millones consignados en este ejercicio) y gracias a “la buena gestión pública” del Gobierno.

Después de ocho años de crisis, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a ofrecer un dato que durante mucho tiempo se obvió sistemáticamente: la previsión de empleo: la Junta estimó que cerraría este ejercicio con un crecimiento en la ocupación del 2,7%, cuantificado en más de 190.000 puestos de trabajo, y para el año próximo se prevé un aumento del 2,2%, otros 65.000 empleos más (más otros 20.000 por acción directa de la Junta, a través de planes de empleo y ofertas de empleo público).

El presupuesto recoge una partida global de 2.118 millones de euros para políticas de innovación, desarrollo económico y fomento del empleo (un 10% más que en el ejercicio anterior). La última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este jueves y correspondiente al primer trimestre del año, contabiliza 1.133.800 parados en Andalucía (una tasa del 28,52%), aunque la presidenta andaluza se marcó como reto cerrar el año por debajo de los 900.000 desempleados.

Derechos de funcionarios

Otra parte importante del presupuesto andaluz es la que devuelve derechos a los más de 260.000 empleados públicos, que a partir del 1 de enero recuperarán la jornada laboral de 35 horas semanales (el Gobierno central la elevó hasta las 37 horas y media para ahorrar coste en personal interino).

Esta medida, recientemente aprobada por el Consejo de Gobierno, se expone a ser paralizada por el Ejecutivo central en los tribunales. Rajoy ya la recurrió en Extremadura (cuando gobernaba allí el PP) y en País Vasco, dejándola sin efecto. Además la Junta consigna el dinero para devolver otro 25% de la paga extra de 2012 a los funcionarios, que se hará efectiva a partir de febrero, y el aumento del 1% en el salario de los empleados públicos (sujeto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado).

Deuda pública

La deuda pública del Gobierno andaluz sigue lastrando las cuentas autonómicas: 4.162 millones de gasto no financiero, un 38% más respecto al presente ejercicio, un agujero que la Junta atribuye al duro calendario que en 2017 tendrán que cumplir todas las comunidades autónomas para devolver al Estado los préstamos del FLA y del Plan de Pago a Proveedores. Aún así, el Ejecutivo de Díaz recuerda que el nivel de endeudamiento de Andalucía está 2,7 puntos por debajo de la media de las comunidades, y advierte de que le será difícil reducir su nivel de deuda mientras siga estando “infrafinanciada”. La Junta reclama la reforma urgente del modelo de financiación autonómica cuya mala aplicación, dice, le ha hecho dejar de percibir 4.672 millones de euros desde 2009. El 15% del volumen de endeudamiento de Andalucía deriva de esa infrafinanciación, según la Junta, que apela a Rajoy para que articule mecanismos extraordinarios en el reparto de fondos para esta región antes de abordar la reforma del sistema de financiación.

Para meter todas sus promesas políticas, más los acuerdos con Ciudadanos, y poder cumplir con el duro calendario de amortización y los intereses del dinero prestado por el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores, más las medidas de restricción en el gasto público impuestas por Madrid y Bruselas, el Gobierno andaluz destina el 22,2% de su presupuesto al pago de la deuda pública: 4.162 millones de euros, unos 1.164 millones de diferencia respecto al presente ejercicio (38% más).