Al estilo del presidente francés, Nicolás Sarkozy. El Ayuntamiento de Madrid desalojó ayer a varias familias de gitanos rumanos que vivían en un poblado chabolista de Las Tablas, un barrio al norte de la capital. Para ello, funcionarios municipales emplearon un procedimiento supuestamente irregular. Así lo denunció el grupo de voluntarios de la parroquia San Carlos Borromeo que, encabezados por el sacerdote Javier Baeza, protestaron tras los desalojos frente a la sede del Samur social donde quedó alojada provisionalmente una de las familias afectadas.

Según Patricia Fernández, abogada de la parroquia, agentes de la Policía Municipal y funcionarios del consistorio de Alberto Ruiz Gallardón llegaron al lugar a primera hora de la mañana sin la pertinente orden judicial que les permitiera entrar en las infraviviendas. Pese a ello, destaca la letrada, las familias se vieron obligadas por miedo a recoger sus enseres y abandonar las chabolas. Los agentes, que sí estaban autorizados para derruir construcciones vacías, procedieron entonces al derribo 'alegando que se habían ido de sus casas voluntariamente', explicó Patricia Fernández.

'Es un abuso de poder', denunció Paco Pascual, sacerdote que se encarga de ayudar a familias gitanas de otro poblado madrileño de infraviviendas. 'Están recrudeciendo la persecución de los gitanos rumanos, sin miramientos y sin ofrecerles ninguna alternativa viable', añadió.

Los afectados apenas tuvieron tiempo de recuperar algunos muebles, colchones y mantas, y trasladarlos a 300 metros del lugar donde se ubicaban sus viviendas. Algunos, como la familia de Frant Stan, tuvieron un poco más de suerte y consiguieron mantener su chabola en pie. 'El funcionario entró aquí, me empujó y empezó a romper mi casa', denunció Stan, quien vive con su mujer, nueve hijos, su yerno y dos nietas a caballo entre una cabaña de maderas y plásticos y un viejo autobús. 'Yo sólo quiero que nos dejen tranquilos, porque no molestamos a nadie', se quejaba.

Aunque los desalojados intentaron trasladarse a campamentos de apoyo, creados por el propio ayuntamiento para realojos, 'les dijeron que no había sitio'. 'Sufrieron una persecución durante todo el día para que no reconstruyeran sus chabolas', denunció Pascual.

Agotadas las posibilidades, un grupo de la parroquia acompañó a las familias a la sede de los servicios sociales de la capital para reclamar una solución para ellos. Tras varias horas de manifestación 'Llegaron a decirnos que no había habido desalojo', destacó Baeza, sólo consiguieron tres días de alojamiento para una de las familias. Eso y una reunión, que se celebrará hoy con un responsable de servicios sociales del ayuntamiento.