El avance que en materia de política social ha supuesto el sistema de autonomía y atención a la dependencia (SAAD) es valorado positivamente por las organizaciones sociales, el conjunto de la sociedad civil y los análisis de valoración que están haciendo agencias públicas y comisiones de expertos y asociaciones profesionales.

En enero de 2010, en escasamente dos años de efectiva aplicación de la Ley, el número de dictámenes de valoración de la dependencia supera el millón de personas y el de beneficiarios alcanza prácticamente medio millón.

Sin embargo, en el desarrollo de la Ley han surgido problemas de aplicación práctica: el ajuste del baremo con el fin de captar las situaciones de dependencia funcional con mayor precisión; plazos de tiempo entre solicitud y prestación que alteran la legalidad y minan la eficacia del sistema; cadencias de tiempo en el desarrollo del SAAD por parte de algunas autonomías que alteran la unidad y coherencia del sistema.

También hay problemas de transparencia, un limitado papel de las corporaciones locales en relación con su función central en el SAAD, escaso desarrollo de la coordinación sociosanitaria, y un desarrollo de los servicios comunitarios aún insuficiente que, en parte, explica la opción mayoritaria a favor de las prestaciones económicas, además de tradiciones culturales.

En 2010, el SAAD debe intensificar acciones de perfeccionamiento, es decir, desarrollar medidas como: acortar los plazos entre la solicitud y la prestación (proceso de cambio ya en marcha); intensificar el desarrollo de servicios comunitarios de calidad y con empleo de calidad, a la vez que apoyar la formación de los cuidadores no profesionales. Además, se debería mejorar la coordinación del sistema y se debería conseguir una mayor transparencia de las autonomías.

No es el momento de reformar en profundidad el actual sistema; es necesario un curso temporal más largo para visualizar los pro y contra de una reforma. En un momento de despliegue del SAAD y en un contexto de crisis económica y financiera como el actual cualquier cambio en profundidad no puede producir otra consecuencia que incertidumbre en la población beneficiaria y en la población en general. Consolidar el actual sistema es condición previa de una reforma en profundidad en el futuro. Los objetivos para 2010 y años siguientes son avanzar en los objetivos de universalidad, igualdad, equilibrio territorial y sostenibilidad financiera. Y en dichos objetivos el centro son las personas en situación de dependencia.

* Gregorio Rodríguez Cabrero es catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá