El enfrentamiento entre el Ministro Alberto Ruiz-Gallardón y el Consejo General del Poder Judicial no ha hecho más que empezar, y vaticina escaramuzas jugosas para los próximos meses. Vocales del Consejo, de distintas tendencias ideológicas, quieren nombrar este martes al sustituto del dimitido Carlos Dívar como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, superando en tiempo récord la actual situación de interinidad y de paso lanzando una mensaje de fortaleza a Gallardón y a sus planes de reducir al mínimo las competencias de este órgano constitucional.

Ningún vocal, de los consultados por Público.es, se atreve a asegurar que del Pleno extraordinario de mañana saldrá un nuevo presidente. Para que se produzca 'fumata blanca', un candidato tendrá que reunir un mínimo de 12 votos de los 20 vocales de la institución, ya que la elección requiere una mayoría cualificada de tres quintos. Todos parecen de acuerdo en que el elegido debe ser un magistrado del Supremo --hay unos ochenta--, y dentro de ellos, quienes tengan cercana la edad de jubilación o incluso la hayan rebasado, debido a que sólo permanecerán en el cargo un año y pocos meses. Ello reduce la quiniela que barajan los vocales a diez o doce nombres.

Los dos candidatos que, hasta la tarde del lunes, parecían contar con más posibilidades, eran Carlos Granados, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y fiscal general del Estado en la época de Gobierno de Felipe González, y José Ramón Ferrándiz, magistrado de lo Civil y ex presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera. Pero también se habla de otros magistrados veteranos del Supremo como Ricardo Enríquez, Rafael Fernández Montalvo, José Luis Calvo, Jesús Souto, José Manuel Sieira, o Juan Saavedra. Se ha hablado además de magistrados eméritos como Ignacio Sierra, progresista, o Luis Román Puerta, conservador.

Nombres hay de sobra, pero todos dudan de la voluntad real de algunos vocales de cerrar un acuerdo, lo que algunos atribuyen a los supuestos deseos del ministro Ruiz-Gallardón de que no se produzca el nombramiento para que el Consejo continúe dando una imagen de debilidad, que justifique la dura reforma del órgano prevista por el ministro. Intenciones maquiavélicas que se predican del Ministro que se unen a la realidad de la existencia de cinco o seis grupos diferentes dentro del actual Consejo.

Los cinco vocales, encabezados por Manuel Almenar, que se alinean con las tesis de la Asociación Profesional de la Magistratura, muy críticos con los planes de Gallardón: los cuatro de Jueces para la Democracia, liderados por Margarita Robles, aún más distantes del ministro; José Manuel Gómez Benítez, denunciante de Dívar, que va por libre; los próximos al MInisterio, donde se encuadran el vicepresidente Fernando de Rosa y otros tres consejeros; otros cuatro vocales designados a propuestos del PSOE donde están las fiscales Almudena Lastra y Gabriela Bravo; y los nacionalistas Margarita Uría (PNV)  y Ramón Camp (CiU).

Con tantas 'facciones', de ponerse de acuerdo en un nombre lanzarán un mensaje claro al Ministerio de que quieren superar la bicefalia provocada por la dimisión de Dívar y plantear batalla para que el órgano no pierda las competencias que pretende Gallardón, cuyo plan fue contestado el mismo viernes por la APM, JpD, y vocales de distintas tendencias. El programa del ministro persigue reducir drásticamente las atribuciones del Consejo, dejando sus quince comisiones actuales en tres: la Permanente, la Disciplinaria y la de Igualdad. Sólo su presidente se dedicaría en exclusiva al Consejo, mientras que los 20 vocales seguirían en sus trabajos habituales y cobrarían sólo dietas por asistencia a comisiones y plenos. Habría mayor fiscalización de sus cuentas y tendrían que coordinar sus viajes internacionales con el Gobierno.