El actor escocés Sean Connery no se va a presentar este viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) para declarar por el caso Goldfinger al haber alegado principalmente motivos de salud y de edad, según explicaron fuentes judiciales.

Las fuentes indicaron que el actor ha presentado un escrito, que se hace extensible tanto a él como a su mujer, en el que se alegan motivos de salud, de edad, al argumentar que es una persona mayor, y también alega que no ha tenido tiempo para organizar el viaje.

No obstante, en el escrito pide disculpas y se muestra a disposición del juzgado para lo que necesite, según las fuentes, quienes indicaron que una de las posibilidades que contempla el juzgado para tomarle declaración es que se realice a través de una comisión rogatoria.

Al no acudir a la comparecencia, se abre la posibilidad de que se libre una comisión rogatoria para continuar con la tramitación de esta causa, denominada Goldfinger en referencia a la película de 1964 en la que Connery hizo el papel del agente británico James Bond y que suma una veintena de imputados.

Medio centenar de periodistas aguardaban la posible llegada del actor ante el juez, que intenta dirimir si se han cometido delitos, entre ellos de blanqueo de capitales, tras la recalificación de una parcela de Marbella donde se ubicaba el chalé 'Malibú' del actor y sobre la que se construyeron 72 apartamentos de lujo.

Las diligencias en las que se ha citado a Connery y a su mujer tienen su origen en la investigación de varios convenios urbanísticos, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara en 2006 una querella al analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella.

Así, inicialmente se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta el complejo denominado Malibú. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para el Consistorio por estos convenios de 2,7 millones de euros.

La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, con 72 apartamentos de lujo situados en primera línea de playa, en cuyo desarrollo hay 'indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales', algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el informe.

Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que 'parte de los beneficios', incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, 'son transferidos al exterior', sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de 'más de 37 millones de euros'.