Tras enredarse con el hilo de su propia madeja, el Gobierno volvió al punto de partida sobre el Impuesto de Patrimonio. Volvió a refrendar lo que ya advirtió el pasado jueves la vicepresidenta económica: que las comunidades seguirán percibiendo la compensación anual de 2.100 millones de euros por la supresión del tributo en 2008, como recoge la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA). Y también cobrarán lo que les corresponda con el impuesto recuperado por decreto ley aunque con un mínimo exento más elevado. Es decir, que las comunidades que no boicoteen el restablecimiento del tributo cobrarán dos veces por el mismo impuesto.

Fue la misma vicepresidenta la que zanjó la polémica desde Wroclaw (Polonia), a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la UE. “Un decreto ley”, como el aprobado el viernes para rescatar Patrimonio, “no puede modificar muchas cosas”, explicó Elena Salgado. “Entre otras, no puede modificar el actual sistema de compensación en el sistema de financiación. Hoy por hoy, con un decreto ley, ese dinero va a las comunidades autónomas”.

La confusión se instaló tras el Consejo de Ministros. José Blanco, portavoz del Gobierno, aseguró que el Estado “no compensará” a las autonomías del PP que boicoteen el restablecimiento del Impuesto de Patrimonio y decidan no aplicarlo. Era, pues, una enmienda a lo que Salgado había afirmado el jueves, cuando presentó el nuevo decreto ley de reactivación del gravamen.

La vicepresidenta, preguntada por los periodistas, se vio obligada a atajar las dudas, pero negando cualquier contradicción en el seno del Gobierno. Blanco se refirió, dijo, a “algo razonable, porque lo que no es razonable es cobrar dos veces”. Sin embargo, para suprimir la compensación sería necesario cambiar el gravamen o modificar la Ley de Financiación Autonómica, que el Ejecutivo no tiene tiempo de impulsar de aquí hasta el final de legislatura.

Aclarado el embrollo, Blanco, que se encontraba en Santiago de Compostela, en la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla, rehuyó toda polémica. Remarcó que Salgado y él coinciden en lo básico, que “quien tiene más pague más, y eso es lo contrario que dice el PP, que está preocupado por los rentistas en lugar de estar preocupado por los recortes que hacen en los centros educativos”.

Lo “relevante”, abundó, es la decisión de reponer el tributo, ya que “no es justo que el conjunto de los ciudadanos esté pagando el coste de la crisis”, informa Efe. La prensa no cejó y preguntó si no había contradicción entre sus palabras del viernes y las de la vicepresidenta. Blanco zanjó: “Ni un comentario más”. Y recordó que lo que él había dicho es que si había “obstáculos” para impedir que las autonomías cobraran dos veces, entonces habría que removerlos.

No obstante, la prueba de que el Ejecutivo y el PSOE seguían algo desafinados se encontraba en la intervención de Marcelino Iglesias al inicio de la Convención Política del PSPV-PSOE: si algunas regiones del PP “no quieren el impuesto”, advirtió el secretario de Organización del partido, “será muy difícil, será imposible, que la comunidad autónoma reciba lo que le corresponda”.

Y mientras, el presidente extremeño, José Antonio Monago, reconvertido a la causa del rescate de Patrimonio para complacer a IU, pidió orden al Gobierno central, que sus miembros “se pongan de acuerdo”. Remachó, además, que el impuesto tenga carácter estatal.