El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, detalló la dieta que pretende imponer a las diputaciones provinciales para contribuir a 'adelgazar' la administración 'en sintonía con los tiempos'.

La regulación y competencias de las 38 diputaciones procede de 1836. Para acompasarlo a la realidad autonómica del siglo XXI, el PSOE plantea poner en manos de las comunidades autónomas el grueso de competencias atribuidas ahora a las diputaciones que, a su vez, se transformarían en un órgano de nueva creación denominado Consejo de Alcaldes, 'aliviado de toda la parte política', según abogó Rubalcaba, a cuyo frente sería elegido un regidor para representar y defender los intereses de la provincia y sus municipios.

Esta corporación asumiría el gobierno y la administración de la provincia sin la estructura política que engorda el presupuesto de las actuales diputaciones. La fórmula permitiría ahorrar, según Rubalcaba, 1.200 millones de euros, el 20% del gasto total de las diputaciones, que asciende a 6.000 millones de euros.

El plan socialista se aplicaría a las 38 diputaciones de régimen común, es decir, todas menos las de Euskadi, Navarra, Canarias y Balears. Las autonomías uniprovinciales, por su parte, ya carecen de diputación.

Para materializar esta propuesta, el candidato socialista defendió optimizar el trabajo de las diputaciones y eliminar duplicidades con otras administraciones. Los salarios de los 1.037 diputados provinciales de las 38 diputaciones encabezan, con sus asesores y personal de confianza, el capítulo de gastos prescindibles, según Rubalcaba.

Este adelgazamiento alcanza también a otras partidas. Así, dentro del 15% que las diputaciones destinan con carácter global a gastos corrientes aquel que permite el funcionamiento de la institución, como electricidad o material de oficina el candidato socialista propone eliminar las partidas 'asociadas al carácter político' de la institución.

Protocolo, parque móvil, publicidad y propaganda, comunicaciones, prensa y publicaciones, reuniones, trabajos técnicos y gastos derivados de dietas y seguridad son algunos de los conceptos que se deberían descolgar de la factura pública de las diputaciones, según enumeró el candidato.

Servicios sociales, cultura y deportes, gestión cultural, salud, medio ambiente, empleo o vivienda son, por el contrario, algunas de las materias que asumirían las comunidades autónomas aligerando la carga de los órganos provinciales para completar la reasignación de competencias que evite que varias administraciones realicen tareas idénticas 'al mismo tiempo'. Son las comunidades 'las que deben' desempeñar estas tareas 'porque tienen la competencia exclusiva según la Constitución', explicó Rubalcaba.

¿La reforma supondría eliminar puestos de trabajo? No. Los funcionarios y el personal administrativo que actualmente trabajan para las diputaciones 'tienen garantizados sus puestos' en este nuevo mapa, según insistió el candidato. Sus nóminas pasarían a depender de las comunidades.

Según Rubalcaba, este planteamiento, que el PSOE expondrá en la Conferencia Política que celebrará en septiembre para elaborar su programa, es 'riguroso' y se ajusta a la 'necesidad de ahorro de las cuentas públicas'.

La reforma exigiría retocar dos leyes, la de Bases de Régimen Local y la de Haciendas Locales. No requeriría en ningún caso una reforma constitucional, según el candidato socialista.

Con el debate sobre la utilidad de las diputaciones en el centro de la confrontación del PSOE y el PP, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó su primera intervención tras las vacaciones para criticar los 'cambios de opinión' del candidato socialista respecto a esta institución. Tan pronto aboga por mejorarla como por suprimirlas, censuró la dirigente conservadora.

En este sentido, recordó que la mayoría de los grupos entre ellos, el socialista, apoyaron la una resolución del Debate sobre el Estado de la Nación que abogaba por 'adecuar la función de las diputaciones a la realidad del Estado autonómico, sobre la base de la mejora de la eficacia y la eficiencia'. Sin embargo, puso de relieve Sáenz de Santamaría, el PSOE y Rubalcaba votaron no 'a las propuestas de resolución de BNG, ERC o el Grupo Mixto' que planteaban suprimirlas. 'Esa es la seguridad y certeza que puede dar a los ciudadanos' Rubalcaba, cambiando de opinión en un mes, apostilló la portavoz del PP. 'Cuando las cosas cambian, las políticas deben cambiar', replicó Ru-balcaba.

Sáenz de Santamaría también censuró que el candidato del PSOE no hubiese pensado 'en el ahorro municipal y provincial' antes de que el Gobierno pusiese en marcha el primer Plan E. A su juicio, esa iniciativa del Ejecutivo para 'los municipios y las diputaciones', que ha supuesto un gasto' de 13.000 millones de euros, 'no ha tenido ningún efecto sobre el empleo'. No mencionó, sin embargo, que ningún alcalde del PP rechazó utilizar esos fondos.

Frente a la supuesta confusión que aprecia Sáenz de Santamaría en el discurso de Rubalcaba, la dirigente conservadora defendió que su partido ha mantenido siempre la misma posición: la necesidad de reformar no sólo las diputaciones, sino la administración pública en general. 'Tenemos que construir una administración al servicio del ciudadano y no a su costa', apuntó, remarcando que esta debe ser ágil, eficiente y más barata para el contribuyente.

'No es posible que tres, cuatro y a veces más administraciones incidan sobre una misma competencia', lamentó la portavoz del PP. Con esta premisa, la diputada conservadora subrayó que su formación está trabajando internamente, con expertos, en la reforma de estas instituciones intermedias, pero también en otras modificaciones administrativas. Las soluciones llegarán en septiembre.