La esperanza de vida de los españoles más allá de 2027 puede ser la llave para seguir ampliando la edad de jubilación, o el número mínimo de años cotizados para retirarse a los 65 o a los 67 años. La reforma de las pensiones que presentó ayer el Gobierno contempla la posibilidad de introducir a 16 años vista un elemento corrector del sistema que se conoce como 'factor de sostenibilidad'.

Este factor, que existe en otros sistemas como el portugués, el finés o el alemán, incorpora variables automáticas al sistema de pensiones que, en cierta forma, miden su grado de sostenibilidad. En este caso, el Ejecutivo ha elegido que sea la evolución de la esperanza de vida a partir de los 67 años el elemento que sirva para determinar si hay que 'revisar' los parámetros con los que se rige el sistema.

Se reforzarán las pensiones mínimas para las personas solas

El cálculo se realizará cada cinco años y la aplicación de su resultado deberá ser debatido con los agentes sociales. Según los expertos, estos mecanismos de ajuste automático despolitizan la gestión del sistema y lo ligan a la longevidad, una de las variables que más le afectan. Pero, también, su efecto suele estar vinculado o bien a mayores retrasos en la edad de jubilación, o bien a una merma en la prestación a recibir, ya que la esperanza de vida tiende a crecer.

Aunque el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, no dio detalles de cómo se implementará este sistema, que además deberá contar con el aval o la pertinente modificación en el trámite parlamentario, sí insistió en la necesidad de su utilización para combatir el cambio demográfico.

Gómez, que compareció junto al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, también defendió que, bajo su criterio, debería tomarse toda la vida laboral para calcular el cómputo de las pensiones. Esta posibilidad recortaría las prestaciones, aunque reforzaría el principio de contributividad del sistema, esto es, que se reciba lo que se aporte.

Las no contributivas se garantizan con los Presupuestos

Con todo, el Ejecutivo ha optado por tomar los últimos 25 años de vida laboral de aquí al 2023, lo que, dicen, sitúa al sistema en la media de la Unión Europea. Lo cierto es que la imposibilidad de tener datos de cotización previos a 1986, cuando comenzó a digitalizarse la Seguridad Social, hacía casi imposible adoptar cualquier otra medida.

Con todo, Rubalcaba destacó la voluntad que el Gobierno y los agentes sociales habían tenido al trabajar por un objetivo compartido: 'Fortalecer el sistema público de pensiones'. En este sentido, el vicepresidente primero, que estuvo en la madrugada del jueves al viernes junto con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, Gómez y los secretarios generales de UGT y CCOO, intentando cerrar todos los flecos de la reforma, asegura que, con esta, los jóvenes de ahora que se comenzarán a jubilar a partir de 2030 'tendrán pensión hasta el último día de su vida'.

En este afán garantista, el Ejecutivo ha incorporado el compromiso en el texto del anteproyecto de ley, que ahora debe pasar por el Consejo de Estado y otros órganos consultivos, de que garantizará la 'financiación de las prestaciones no contributivas y universales', si es necesario, a cargo de los Presupuestos. Además, se compromete a fortalecer 'la acción protectora' del sistema con una mejora de las pensiones mínimas de los pensionistas de edad avanzada que viven solos.

Las concesiones a unos y a otros salpican todo el texto de la reforma. Así, la patronal se muestra satisfecha porque el Ejecutivo dice que 'ajustará' la cotización por contingencias profesionales, lo que interpretan que puede llevar a pagar menos en este capítulo. También se congratula de la decisión de hacer un 'programa específico de seguimiento' de las bajas que duran menos de 15 días y que, por tanto, están a cargo del empresario.

Pero las grandes empresas también encontrarán una nueva resistencia para llevar a cabo una de los métodos más generalizados para ajustar plantilla: las prejubilaciones. La nueva ley marcará como suelo para esta opción los 56 años (frente a los 52 que se contemplan actualmente) y encarecerá su puesta en práctica, ya que obligará a las empresas que hayan hecho el ajuste con personal mayor de 55 años a cotizar por ellos a la Seguridad Social hasta que cumplan 63 años. Además, se encarece la jubilación parcial, ya que el Ejecutivo entiende que no se estaba poniendo en práctica de forma adecuada.

Para el titular de Trabajo, el Ejecutivo ha cumplido sus compromisos con la Unión Europea, al subir la edad legal de jubilación a 67 años.