Lo que empezó siendo una advertencia comenzó ayer a cobrar forma. Los dirigentes socialistas han alertado a lo largo de la campaña de que, en caso de que el PP llegue al Gobierno, irá con 'la tijera' a recortar la política social y privatizará los servicios públicos. Ayer, el PSOE de Galicia presentó sus pruebas. El secretario general de los socialistas gallegos, Manuel Pachi Vázquez, hizo público un pliego de contratación, promovido por la Xunta que dirige el conservador Alberto Núñez Feijóo, en el que 'se abre la puerta a la privatización de servicios estratégicos del Servicio Gallego de Salud (Sergas)'.

Este documento muestra las condiciones para contratar los servicios de empresas privadas que se encargarían de 'la gestión de incidencias, el desarrollo de aplicaciones, el control del gasto de los proyectos y el proceso de selección de recursos humanos'. El contrato tiene un valor de casi 500.000 euros anuales.

Para Vázquez, este contrato 'otorga servicios estratégicos a empresas privadas'. 'No podemos empezar recortando medicamentos, cerrando quirófanos por las tardes y, ahora, privatizar incluso el acceso a la función pública del Sergas', añadió.

Las reacciones no se hicieron esperar. La Plataforma SOS Sanidade Pública mostró su rechazo a esta iniciativa del Ejecutivo de Feijóo, puesto que 'amplía la dependencia de la empresa privada no sólo en el soporte técnico informático, sino en la gestión y planificación de áreas clave como la seguridad de la información y los recursos humanos', se lamentó Manuel Martín, representante de esta organización.

Una de las principales críticas es que esta iniciativa, además de ser un ataque a la sanidad pública, también conllevará recortes de empleados público. Martín recriminó a la Xunta que 'al externalizar servicios tendrá que reducir personal administrativo en plena crisis económica'. Otro de los factores más controvertidos de esta contratación es el acceso a información confidencial: 'Supone poner en manos privadas material muy sensible, como los datos del propio personal o de las personas que opositan para un empleo público', critica la plataforma en defensa de la sanidad pública.

Feijóo: 'Baltar ya tiene edad para dar explicaciones sobre sus actos'

Entre tanto, el presidente de la Xunta, Nuñez Feijóo, trata de evitar que le salpique la polémica por el anómalo comportamiento del presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, que repartió 3.000 euros entre los asistentes a un mitin en Xinzo de Limia. El pasado miércoles, Feijóo justificó la actitud de Baltar: 'Pagaba una deuda privada', dijo. Ayer, quiso zanjar este asunto y remitió a los periodistas a pedir explicaciones al propio Baltar: 'Ya tiene la suficiente edad para dar explicaciones sobre sus actos', sentenció.

Estos acontecimientos han agitado el final de la campaña electoral gallega, que, hasta hace días, había mantenido un perfil modesto. El PP criticaba los pactos entre socialistas y nacionalistas, al tiempo que estos advertían de la amenaza que suponen los conservadores para la política social. Pero la campaña electoral se había quedado en el plano político, sin entrar en la polémica que se había generado en otras comunidades con campañas publicitarias agresivas. Ayer, también se rompió esta premisa. La Junta Electoral de Lugo ordenó la suspensión del reparto de un panfleto 'anónimo' buzoneado por varias localidades por considerar que su contenido era 'injurioso' contra el PSOE y el BNG.

El panfleto recoge, bajo el título 'confidencial', expresiones que ponen en duda la eficacia de los gobiernos bipartitos, al subrayar que son 'los más caros', los 'más ineficaces', los que realizan 'más propaganda' y los 'más insolidarios'. También hace referencia al sueldo anual que tienen los miembros del Gobierno bipartito de la diputación provincial. Añade, además, que 'mientras las familias se aprietan el cinturón por la crisis, socialistas y nacionalistas viven a todo lujo'.

Un edil del PSOE y otro del PP, acusados del atropello mortal de un candidato

Un suceso eclipsó ayer la campaña en Extremadura. Ocurrió el pasado 14 de mayo. Tres personas acudieron juntas a un mitin del PP y, después, se fueron a tomar unas copas por la noche. Hasta entonces todo parecía normal. El siniestro se produjo horas después. Uno de ellos, el número 3 de la candidatura popular de Robledillo de Gata Juan Carlos Marcos Sánchez, apareció muerto en la carretera, con indicios de haber sido atropellado. Esta fue la versión que dio ayer la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira. Cinco días después del siniestro, la Guardia Civil detuvo a los dos hombres que acompañaban a Marcos Sánchez, acusados de cometer, presuntamente, un delito de homicidio por imprudencia. ¿Quiénes son los acusados? Un concejal de Descargamaría, el pueblo vecino al del fallecido, elegido en las listas del PSOE, y un candidato del PP de la misma localidad. La Delegación del Gobierno informó que el concejal del PSOE ya no es militante del partido y votaba 'en contra' del alcalde socialista, según Europa Press. La Guardia Civil localizó a ambos detenidos porque la marcas del vehículo de uno de ellos demuestran que impactó contra el edil del PP.

Gorostiaga (PSOE): 'Todas las opciones están abiertas para pactar en Cantabria'

La revelación del nombre, las circunstancias y la tendencia política de los acusados provocó la indignación en las filas conservadoras. El portavoz del PP en la región, Luis Alfonso Hernández Carrón, lamentó 'profundamente' la 'actitud inmoral' del PSOE y la Delegación del Gobierno por sus declaraciones sobre los detenidos. Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, insistió en dejar el caso en manos de la Justicia y rechazó hacer cualquier 'lectura política' del atropello mortal.

Protestas por la gestión de los servicios públicos del PP en Valencia

La acusación de haber hecho pactos antes del 22-M es uno de los ejes principales del discurso del Partido Popular en aquellas comunidades en las que rige un Gobierno en coalición. No fue menos en Cantabria. El candidato del PP, Ignacio Diego, criticó al presidente y candidato del PRC, Miguel Ángel Revilla, y a la vicepresidenta y candidata socialista, Dolores Gorostiaga, a los que acusa de haber revalidado un acuerdo de Gobierno en secreto. Ayer, Revilla lanzó un órdago al aspirante conservador. Pidió a De Diego que lo demuestre: 'Si hay alguien que me ha visto en Arredondo con Lola, automáticamente ni me presento', sentenció Revilla.

La secretaria general de los socialistas cántabros, Gorostiaga, reconoció, sin embargo, que 'todas las posibilidades están abiertas', incluida la de renovar la coaliación entre el PSOE y el PRC.

Urkullu (PNV) negocia medidas contra la crisis con el Gobierno

La campaña asturiana ha resultado un viaje circular. Se acerca a su final de la misma forma que empezó: con la mirada de los partidos puesta en las decisiones de las juntas electorales. Ayer se conocieron dos, ambas sobre asuntos candentes. En Madrid, el organismo central desestimó la denuncia de Francisco Álvarez-Cascos por la exclusión de su nombre entre los candidatos valorados en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La Junta considera que el sondeo respetó el pluralismo político y se atuvo a la ley electoral.

El descontento no se limita a la derecha casquista. En Gijón, el PSOE se empleó ayer a fondo contra una decisión de la junta electoral local que da por buenos unos pasquines distribuidos por Nuevas Generaciones, en los que aparece la palabra 'corrupción' bajo la foto del candidato socialista, Santiago Martínez-Argüelles.

La alcaldesa de la ciudad, Paz Fernández Felgueroso, que se retira y no opta a la reelección, acusó ayer a los populares de hacer 'un uso torticero' de la información oficial sobre la contratación del consistorio con las empresas implicadas en el caso Renedo. En esa investigación, aún en marcha, un juez intenta aclarar una trama de políticos, funcionarios y empresarios presuntamente involucrada en la adjudicación irregular de contratos. Las pesquisas se centran en la Consejería de Educación, pero el PP acusa a Martínez-Argüelles. Aunque no está imputado, su nombre aparece en un documento aislado del sumario. Felgueroso acusó a los conservadores de 'injuriar y calumniar' a su candidata.

Aunque el candidato regional del PSOE y su entorno han evitado referirse en público a ninguno de los dos asuntos, la cúpula socialista ha mostrado en privado malestar por la acumulación de decisiones favorables al PP por parte de la junta electoral. La de Oviedo no sancionó a los conservadores por pedir el voto antes de tiempo ni por colocar carteles electorales el día anterior a la apertura oficial de la campaña. El aspirante socialista, Javier Fernández, partidario de un tono positivo en sus intervenciones, se centró en detallar su primera medida si consigue la Presidencia. Asegura que convocará a los sindicatos y los empresarios para 'mejorar el modelo productivo de la región y orientarlo hacia las exportaciones', informa Raúl Álvarez.

Si hay algún momento propicio para arrancar algún compromiso de los políticos o, al menos, sacarles los colores, ese es el de las jornadas previas a las elecciones. Esa es la convicción que subyace a las protestas que los usuarios, proveedores y trabajadores de los servicios públicos están protagonizando durante los últimos días. Médicos, profesores, padres, empresas de material sanitario, defensores de la Ley de la Dependencia y conductores de metro y autobús, entre otros, han intensificado sus acciones de protesta en una especie de sprint final de legislatura.

La última protesta se produjo ayer, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública reunió a centenares de niños, padres y profesores. Entre los improvisados carteles abundaban las críticas a las multimillonarias inversiones en grandes eventos del Consell. La protesta se extiende a la semiprivatización que el PP ha adoptado como modelo en la gestión de los servicios públicos, informa Belén Toledo.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, centró ayer su intervención en Vitoria en la economía. Recordó el acuerdo de estabilidad firmado el pasado año con el Gobierno para hacer frente a la crisis y, según aseguró, ha recibido 'estos días nuevas llamadas del presidente Rodríguez Zapatero y de la vicepresidenta económica', Elena Salgado, para hablar de las consecuencias de la crisis en la economía española. Urkullu quiso defender así que el PNV actúa con responsabilidad, situado en el 'cauce central', para acordar medidas contra la crisis en Madrid, mientras, agregó, el Gobierno de Patxi López sigue anclado en su pacto con el PP y 'no se deja ayudar'.

También fue la economía el eje central de la jornada de los socialistas vascos. El lehendakari reivindicóen un acto en Bilbao, la defensa del Estado del bienestar y la 'responsabilidad' de los socialistas para mantenerlo pese a la difícil situación económica. 'Los socialistas estamos haciendo lo que corresponde por sentido de la responsabilidad y porque nuestro objetivo, frente a la derecha, es mantener y mejorar el Estado del bienestar. No desmantelarlo', dijo, antes de pedir a 'todos los progresistas de Euskadi' que acudan a votar el domingo. '¿Por qué no nos cuenta el PP lo que quiere hacer o el PNV lo que ha hecho desde las tres diputaciones que gobierna?', se preguntó para defender el programa del PSE, informa Guillermo Malaina.