El grupo socialista ha denunciado que el Gobierno ha incumplido uno de los puntos esenciales del pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por mayoría en el Congreso el pasado mes de septiembre.

"Produce rubor que sólo dos días después de la anhelada foto que ha buscado la ministra Dolors Montserrat para cerrar el año, el Gobierno no haya incluido como medida urgente el Decreto Ley que habilite los 200 millones que permitirían echar a andar el pacto", ha señalado en un comunicado la portavoz de Igualdad del grupo socialista, Ángeles Álvarez. Todos los grupos del Congreso apoyaron a finales de noviembre exigir al Ejecutivo que llevara a cabo esta medida. 

Este es "el primer incumplimiento del Gobierno en relación al Pacto", ha denunciado la diputada, que ha preguntado al Ejecutivo si no ve urgencia en esta cuestión "a pesar de las decenas de asesinatos y el hecho de que en los últimos crímenes los fallos de protección por parte del Estado han sido clamorosos". La diputada considera que "es superfluo hacerse fotos para anunciar las medidas y es urgente llevarlas a cabo para no desesperarnos y desesperanzarnos ante lo que nunca llega".

Álvarez ha señalado que la partida de 200 millones acordada "supone el 0,0011% de lo que la ministra Cospedal ya ha prometido a la OTAN", por lo que, a su juicio, "no es una cuestión de dinero, es una cuestión de compromiso y prioridades políticas".

La portavoz de Igualdad ha recordado que la Constitución "contempla expresamente la prórroga de los presupuestos vigentes, como es el caso de 2018, y arbitra un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad estatal cuando no se presentasen los PGE en los tres meses anteriores a la expiración de los del año anterior".

Asimismo, ha indicado que si el decreto ley con dotación para la lucha contra la violencia de género pretende aprobarse dentro de los cuatro primeros meses de este año, desconocen "en qué fecha estarían disponibles los fondos". "Si llegásemos al verano", ha añadido, "la imposibilidad y los problemas para ejecutar los programas por parte de comunidades y ayuntamientos podría ser real".