Ya no es la desafección. Tampoco aquél sonoro 'José Luis, te queremos mucho a ti pero aún queremos más a Catalunya' pronunciado por José Montilla en pleno debate de la financiación. El fallo del Estatut puede distanciar al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y al PSOE hasta extremos desconocidos.

Si la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) se percibe en Catalunya como devastadora, el president José Montilla ya ha dado señales sobradas de que reaccionará. Avisó primero de que 'acataría' pero 'no compartiría' cualquier fallo. Después, que un recorte tendría 'consecuencias'. Y, al final, se ha lanzado a una carrera para aglutinar el presumible descontento que generaría una fallo desfavorable. Su apuesta más clara en este sentido es la carta enviada en los últimos días a 200 entidades y agentes sociales pidiendo una 'respuesta unitaria' en la línea del editorial conjunto publicado en 12 periódicos catalanes. Todo pese a que el PSC mantiene cierto optimismo y está convencido de la constitucionalidad del Estatut.

El PSC no escurrirá el bulto ante el fallo: quiere seguir al frente del Govern

Montilla es consciente de que no podrá ser reelegido como president en otoño si no consigue antes liderar la respuesta de Catalunya y le desbordan la sociedad civil, CiU o ERC. Ello puede obligarle a distanciarse del PSOE, que le reclama el acatamiento pasivo. 'Hechos, no palabras', fue su último lema electoral. Y esa parece su única salida con una CiU cómodamente situada en los sondeos electorales.

El president deberá demostrar en un momento clave el axioma de que en el PSC manda él. O sea, ni la Moncloa ni Ferraz. Sabe, además, que sólo una reacción firme calmaría al sector más catalanista del partido, que lleva semanas cargándose de razones. El conseller Antoni Castells, eterno defensor de recuperar el grupo propio al margen del PSOE en el Congreso, avisó esta semana de que, sea cual sea el fallo, hay que replantear la relación entre Catalunya y España. Justo lo que pretendía el Estatut.

Los estrategas del PSC han puesto mientras en funcionamiento sus sismógrafos para determinar el impacto social de la sentencia. En función del resultado deberán elegir qué hacer para capitalizar el descontento y aplacar, en lo posible, a ERC, cuya respuesta se prevé atronadora: tiene las manos libres porque ya votó no al Estatut en el Congreso.

La respuesta cívica que Montilla intenta encauzar preocupa poco en Moncloa

¿El fin del tripartito?

La situación más peliaguda que puede afrontar el PSC se daría si su socio independentista se aliara en el Parlament con CiU para estrenar la Ley de Consultas su aprobación se prevé en febrero o marzo con un torpedo a la línea de flotación de Zapatero: un referéndum en Catalunya para que la ciudadanía decida si aún está de acuerdo con el texto estatutario tras su paso por el TC. Esta consulta, por la que aboga públicamente el ex president Pasqual Maragall, requeriría autorización del Gobierno, por lo que Zapatero se vería forzado a tomar una decisión delicada ante una demanda más difícil de denostar que la del ex lehendakari Ibarretxe, que contaba con el aval parcial de Batasuna.

Como Pujol con la LOAPA

Esta posibilidad podría finiquitar el segundo tripartito. Ante ese desafío, Montilla optaría por adelantar las elecciones para ahorrarse meses de desplantes en el Parlament.

En todo caso ERC dejaría que fuera CiU quien pilotara la iniciativa para luego sumarse a ella. De este modo, ambas formaciones frustrarían que, tal como hizo Jordi Pujol en 1982 liderando el descontento por la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), luego declarada parcialmente inconstitucional, fuera Montilla quien se hiciera con el preciado botín de la opinión pública.

Otra hipótesis que estudian la cúpula del PSC y el Govern pasa por llevar de nuevo al Congreso el Estatut. Para ello, se volvería a aprobar en el Parlament el actual texto y se remitiría otra vez a las Cortes Generales.

Para el PSOE, eso sería algo más que meterse de nuevo en el molesto bucle del debate territorial: Zapatero se vería forzado a expresar su posicionamiento en pleno clímax del choque de legitimidades.

Frente a las tensiones en el PSC, la Moncloa mantiene la calma y el pragmatismo con que ha venido solventando las reivindicaciones catalanas. En el entorno de Zapatero no se olvida que sólo tres meses antes de las últimas elecciones generales el ambiente político en Catalunya estaba monopolizado por la indignación con la red de Cercanías, gestionada entonces por Magdalena Álvarez, el traspaso del aeropuerto de El Prat y la financiación autonómica. Todo este descontento cristalizó en una multitudinaria y hostil manifestación contra el Gobierno en diciembre de 2008 en demanda de infraestructuras y a favor del derecho a decidir.

Tres meses después, el PSC batió su récord electoral y pasó de 21 a 25 escaños en el Congreso dando, en buena medida, el segundo triunfo a Zapatero. Por ese motivo, las reivindicaciones de autogobierno se relativizan y la pugna por el Estatut se contempla como otro soufflé para entretener a los nacionalistas. Sólo si el Gobierno considerara el fallo del TC muy duro, Zapatero se plantearía acogerse al artículo 150. 2 de la Constitución y aprobaría leyes por las que delegaría competencias en Catalunya buscando compensar los recortes.

El PSC también maneja opciones en caso de toparse con una sentencia benévola y con poca capacidad de movilización ciudadana. Una de ellas sería realizar un acto simbólico en el Parlament advirtiendo contra las lecturas a la baja del texto. Además, los socialistas catalanes se guardan otro as: recuperar el grupo parlamentario propio en Madrid al que renunciaron en 1982.

La mayoría de estos escenarios abocarán a PSC y PSOE a una crisis que coincide precisamente con su mayor concentración de poder.

CiU lidera los sondeos de cara a las elecciones de otoño y eso pesa en su estrategia. En sus filas hay dinamiteros partidarios de romper la unidad que han buscado los partidos catalanes ante el fallo y defensores de que conviene hacer ruido pero no tumbar aún el tripartito para presentarse a las elecciones como la solución a un Govern inoperante.

La postura convergente será más crítica y más dura que la del PSC. Hay quien advierte en sus filas que no les conviene forzar un adelanto electoral si quieren conservar su imagen de responsabilidad, más cuando la crisis económica no tiene visos de remitir.

Sin embargo, su estrategia pasará por desgastar a Montilla: se le reprochará haber sido incapaz de defender el Estatuto –en los últimos días se han recordado las discretas gestiones que Jordi Pujol hizo ante el TC en casos precedentes– y se relativiza el apoyo prestado a su intención de liderar una respuesta unitaria al Tribunal Constitucional. En este sentido se apunta a que los contactos con el PSC para consensuar una hoja de ruta son mínimos.

Insisten en que José Montilla sólo busca evitar que la sentencia se dicte antes de las elecciones y poder llegar a las urnas sin mojarse. Las fórmulas de respuesta del líder de CiU, Artur Mas, como pedir el concierto económico o la gestión propia de infraestructuras como El Prat, buscan siempre el choque de trenes entre el PSC y el PSOE

para evidenciar que “Montilla depende de Madrid”.

CiU estudia también si puja por hacer un referéndum en Catalunya sobre el Estatut que deje el TC o si plantea una opción diluida para celebrar un referéndum no vinculante introduciendo fórmulas en la Ley de Consultas que no hagan necesario pedir la autorización a Madrid.

“Los de CiU gritarán mucho, pero nosotros más: no fuimos nosotros los que votamos el Estatut”. Así se expresan en ERC ante un fallo del que no esperan nada bueno.
Efectivamente, la formación republicana cuenta con la baza de que en su momento votaron no a un Estatut que consideraban excesivamente recortado tras el acuerdo entre Mas y Zapatero. Y sabe que el electorado más soberanista mirará con lupa su reacción tras la aparición de una nueva marca independentista –Reagrupament–, la presumible irrupción en escena de Joan Laporta y los cantos de sirena de Convergència.

Por ello, ERC tratará de ir más lejos que CiU y apoyaría incluso la envenenada posibilidad de utilizar la Ley de Consultas para arrinconar al PSC y pedir un referéndum sobre el Estatut. Sin embargo, hay amplios sectores de la dirección del partido que no están dispuestos a realizar movimientos que, como pasó después del no al Estatut, arriesguen su permanencia en el Govern.

Son los mismos sectores que han trabajado para que –tras la accidentada época de montaña rusa a lo Dragon Khan del primer tripartito– ERC sea percibida como un partido de gobierno que puede vivir sin la agitación a que obligan las bases cuando se está en la oposición. Además, se da la circunstancia de que en los próximos meses el Govern podría rematar varias leyes que fueron impulsadas por la formación independentista, como la de veguerías, la del cine o la de consultas populares. Todo ello, junto con la Ley de Educación, el Pacto por la Inmigración o la nueva financiación les permitiría afrontar las elecciones luciendo una obra de gobierno aún a costa de su credibilidad independentista.

El recurso ante el TC ha pesado como una losa al PP en Catalunya, donde son “los malos de la película”. Desde que Alicia Sánchez-Camacho accedió a su presidencia, en julio de 2008, se ha visto constantemente forzada a justificar la decisión de Mariano Rajoy que en su día cuestionó su antecesor, Josep Piqué, aunque entre bastidores. El recurso, sumado a las críticas a la inmersión lingüística y la posición en temas como el aborto, son los principales obstáculos de Camacho para hacerse con el electorado de CiU y el PSC.

Cuando se dé a conocer el fallo, el PP catalán expresará satisfacción –algunas de sus reclamaciones serán atendidas– aunque su gran objetivo será que la polémica acabe cuanto antes para tener juego y que sus ofertas como socio de gobierno a CiU y PSC sean verosímiles.

Sánchez-Camacho es una de las líderes políticas más interesadas en una pronta sentencia: necesita tiempo antes de la cita electoral.

Los ecosocialistas quieren evitar a toda costa un final prematuro del Gobierno tripartito. Para ello, presionarán para que los partidos catalanes den una respuesta contundente y unitaria tras la sentencia, pero no secundarán a CiU ni a Esquerra Republicana si llevan demasiado lejos sus críticas.

Montilla sabe que en esta tesitura tendrá en ICV y EUiA (la marca catalana de IU) a un aliado cuya baza electoral son los logros sociales y la estabilidad, algo que Joan Herrera no querrá perder a última hora.