El número de personas que cumplen prisión en España por cometer un delito contra la seguridad vial se ha multiplicado por cinco desde enero de 2009. Así, se ha pasado de 200 personas en prisión por este motivo en enero del año pasado a 988 internos a primero de junio de 2010, según explicó este jueves el fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

Durante una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía General del Estado, Vargas indicó que en los últimos meses se ha producido una 'progresión muy importante' en el número de reclusos relacionados con delitos de seguridad vial, que ha achacado no ha que haya 'más número de delitos', sino que hay una 'mayor eficacia en la persecución de los delitos'.

Por tipo de delitos, el más común es el de conducir sin permiso, por lo que permanecen en prisión 352 personas, un 35,6% de los que reclusos relacionados con la seguridad vial, seguido de la conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (28,3%), conducción temeraria (23,9%), negarse a someterse a una prueba de alcohol o drogas (5%9, conducir con manifiesto desprecio por la vida (4,1%) y velocidad excesiva (2,6%).

Esta cifra se refiere a las personas que cumplen prisión en algunos de los centros que gestiona la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No obstante, habría que sumar 'en torno a 500 más' que cumplen prisión en las cárceles de Catalunya, que tiene transferidas las competencias, según señaló el fiscal coordinador de Seguridad Vial.

Además, el número de personas que cumplen prisión por este motivo aumenta si se tiene en cuenta a todos los que están recluidos por otro delito principal, pero que también tiene imputados un delitos por seguridad vial. En este caso, el número aumenta hasta las 2.982 personas personas en prisión, según las cifras de Insititciones Penitenciarias de febrero de 2010.

Asimismo, Vargas señaló que en 2009 ha aumentado la incoación de procedimientos penales por estos delitos alrededor del 26 por ciento, siguiendo la progresión en aumento que se aprecia desde que se reformó el Código Penal en 2007. En total, en 2009 se realizaron 109.768 procedimientos penales por delitos contra la seguridad vial, siendo la conducción bajo la influencia alcohol/drogas y la conducción sin permiso la más frecuente.

De todos estos procedimientos, los juicios rápidos por delitos contra la seguridad vial constituyen un año más en los que mayor porcentaje obtienen del global alcanzando en torno al 50% de los 230.000 juicios rápidos en todo el territorio nacional.

La conformidad en este tipo de delitos es la tónica general, situándose alrededor del 85%.

Desde que se reformó el Código Penal en 2007, la Fiscalía estima que se han producido 233.488 condenas por delitos relacionados con la Seguridad Vial, de las cuales 135.000 son por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, 87.300 por conducir sin permiso, 3.800 por negarse a la práctica de pruebas, 3.110 por conducción temeraria, 1.950 por velocidad excesiva y 328 por manejarse con manifiesto desprecio a la vida.

Además, Vargas se felicitó de que cada vez haya más condenas por delitos con víctimas, ya que, según ha indicado, antes todos estos procedimientos 'iban todos al pozo de juicio de faltas'.

En este sentido, desde el 2007 un total de 6.600 personas han sido condenadas por causar cuando conducían lesiones imprudentes a otros y 680 por homicidio imprudente.

En cuanto a trabajos en beneficio de la comunidad, el número de sentencias a gestionar por Instituciones Penitenciarias ha pasado de 33.184 en 2008 a 122.758 en 2009. El fiscal coordinador de Seguridad Vial se ha congratulado del 'altísimo nivel de cumplimento' de este tipo de penas.

Vargas dejó claro durante su comparecencia que la Fiscalía perseguirá a los 'acosadores' viales y, cuando su conducta sea delictiva, considerará su actitud como 'conducción temeraria', un delito castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión. Estos conductores son aquellos que van 'pegados' detrás de otros vehículos y ejercen 'presión y hostilidad'.

También reconoció que el decomiso de vehículos implicados en delitos de seguridad vial, recientemente aprobado, pretende ser un 'sustitutivo' de la prisión para los infractores. Según su opinión,  la pena de cárcel es una medida 'muy rigurosa' que debe quedar 'reservada' a los casos 'muy graves'. También explicó que uno de los criterios que los fiscales deben tener en cuenta a la hora de decidir si se debe o no decomisar un vehículo es el valor económico del mismo.