Un año después de alentar la ilegalidad de no inscribir a los sin papeles en el padrón municipal (en la precampañade las autonómicas catalanas), el PP encendió ayer una nueva polémica de tinte xenófobo al vincular la inmigración a la delincuencia. Lo hizo el candidato conservador a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, quien, en una entrevista en la emisora de radio catalana RAC 1 aseguró que 'cada vez más, los detenidos son de nacionalidad extranjera'. Según el líder conservador, 'el problema es que aquí se esconden los datos'.

La portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso, Esperança Esteve, criticó la dialéctica utilizada por Fernández Díaz y apuntó que, si bien es cierto que el porcentaje de detenidos extranjeros (el 30% del total) es superior a la población que representan (el 17%, en Barcelona), esto no se explica por su condición de extranjeros, sino por su nivel económico. 'No hay que verlo en perspectiva de nacionalidad, sino de clase social, vulneración y marginalidad', opinó.

Esteve destacó la importancia de no trabar los procesos de documentación de los sin papeles que cumplan con los requisitos legales: 'Cuanto más regular y más integrada esté una persona, menos se acercará a la marginalidad'.

La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, también criticó la actitud de Fernández Díaz, a quien acusó de 'levantar el tono y no dar soluciones'. Terrón consideró 'un error' tratar de solventar los problemas sociales 'enfrentando a una parte de la población con otra' con planteamientos políticos 'virtuales'.

Por otra parte, anunció que hoy presentará el reglamento de la Ley de Extranjería, que llega con ocho meses de retraso. Entre sus novedades destaca el aumento de la protección a mujeres sin papeles víctimas de violencia de género. La Policía no emitirá órdenes de expulsión a las que denuncien malos tratos, a diferencia del articulado que presentó el Gobierno el año pasado.

Otra novedad será el papel que jugarán los ayuntamientos a la hora de regularizar a los inmigrantes por arraigo. Con la nueva ley, los consistorios emitirán informes sobre el civismo de los extranjeros. Aunque algunos alcaldes reclaman que sea requisito tener un informe positivo para regularizar al foráneo, el Gobiernocree que realizar informes 'vinculantes' es peligroso. Sin embargo, ya ha elaborado un test con criterios claros para los ayuntamientos que 'influirá mucho'.