El PP quiere que el Gobierno sea quien dé una solución a la situación financiera de las autonomías y cargue con el coste político. La derecha, que gobierna en 11 comunidades desde el pasado 22-M, reconoce que tiene muy difícil cumplir el objetivo de déficit del 1,3% fijado por el Estado.

Mariano Rajoy se comprometió a hacerlo si el Ejecutivo hablaba 'a calzón quitado'. Pero parece que con o sin este, y con las cuentas ya sobre la mesa, los conservadores fían ahora su respuesta a que Economía satisfaga el acuerdo de financiación.

«Si hay facturas en los cajones, vamos a contarlo», dice el jefe de la oposición

La derecha ha denunciado que en algunos territorios se ha encontrado con cifras que no se correspondían con las anunciadas o con otras que les dejan muy poco margen de maniobra. Pero también es verdad que en algunas, como la valenciana, no pueden mirar hacia otro lado a la hora de exigir responsabilidades.

En cualquier caso, todas deberían aplicar medidas drásticas para reconducir la situación. Por el momento, están acometiendo reducciones en la Administración sin embargo no parece suficiente. Los dirigentes del PP rechazan, de momento, tocar Sanidad o Educación. Para ellos es sinónimo de impopularidad y también pondría en riesgo el camino de Rajoy hacia la Moncloa.

El líder del PP se reunió ayer con sus presidentes autonómicos para consensuar la postura que mantendrán ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Poco antes del encuentro, Rajoy adelantó cuatro claves en los cursos de la Universidad Complutense en El Escorial. Para empezar, aseguró que sus comunidades 'se comprometen a reducir el déficit y trabajar por llegar al equilibrio presupuestario'. No dijo en qué plazos ni cómo. Para él es toda una prueba: la ocasión de demostrar que en el PP hay buenos gestores. La receta de Rajoy es que 'no se gaste más de lo que se ingresa'. Pero no explica cómo resolver el rompecabezas.

El PP quiere que el Ejecutivo dé una cifra de déficit más ajustada a larealidad

A continuación exigió una norma nacional 'para fijar un techo de gasto'. Y, después, defendió que 'se diga la verdad'. 'Si hay como dicen algunas facturas en los cajones, si hay deudas como sabemos, o si las administraciones públicas no pagan a la gente, hay que contarlo', comentó tras las críticas que recibió en su día su mano derecha, María Dolores de Cospedal, por generar alarma con los datos de Castilla-La Mancha.

'Cualquier realidad ignorada prepara su venganza', dijo Rajoy parafreseando a Ortega. En el PP todos coinciden en la necesidad de que se sepa a cuanto ascienden los impagos. Ayer a Rajoy le dieron todas las cifras. Cada uno a su estilo. Unos como Cospedal o el presidente extremeño, José Antonio Monago, no dejan de sacar los colores a sus antecesores, poniendo a España en el punto de mira. Otros como el de Balears, José Ramón Bauzá, o la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, son más prudentes y esperan a las auditorías oficiales.

Rajoy quiere que el Ejecutivo de Zapatero adopte 'algunas decisiones' y propone que una de ellas sea 'ampliar el plazo para que las comunidades devuelvan los anticipos de ingresos adelantados por el Estado'. Con ello cree que se podrán resolver los 'problemas de liquidez'. Según destacó, eso no iba a afectar al déficit ni al conjunto de la deuda pública.

La Generalitat de Catalunya también pide una moratoria de 2.492 millones

Para el PP la culpa es del Gobierno porque si las autonomías están 'obligadas' a devolver 'sumas importantes de recursos públicos' es porque este 'se equivocó en el diagnóstico' y 'permitió' que se endeudaran. El líder conservador también dijo que sus representantes en el el CPFF reclamaran un plan para 'reducir el gasto corriente en los próximos cuatro años'.

Tras la cita, emitieron una declaración institucional en la que detalla algunos puntos. En este texto se pide una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que 'penalice conductas irresponsables como, por ejemplo, la acumulación de facturas en el cajón'.

También se reclama al Gobierno 'actuaciones inmediatas que palien elproblema de liquidez que él mismo generó' en aplicación del principio de lealtad institucional. Y, por último se acusa a los socialistas del 'incumplimiento de sus obligaciones'.

Además, concretan que desean una aplazamiento a diez años de devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Y, entre otras muchas cosas, 'estabilidad de los flujos de tesorería'. Piden el anticipo del pago de los fondos de convergencia. Y establecer un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica siempre que las autonomías cumplan su estabilidad presupuestaria.

El PP sabe que se la juega al presentar sus planes de saneamiento y reequilibrio financiero. Ayer Bauzá le mostró el suyo a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, confiando en que le den el visto bueno. Cospedal lamentó que a ella no la hubiera recibido. El Ejecutivo sólo aceptará estos planes si son creíbles pero no dirá al PP de dónde tiene que recortar. En el partido ya han comenzado a dejar caer que si no se los aceptan es para ponerles zancadillas.

A los conservadores también les gustaría salir hoy con una cifra de déficit 'más ajustada a la realidad' porque se quejan de que el porcentaje fijado no lo está. Ayer descartaban un 'plante', conscientes de que en este momento sería difícil de explicar a los ciudadanos.

El partido de Rajoy también que tiene que atender a la situación económica de las comunidades donde ya gobernaba antes. Las más endeudas respecto a su tamaño son la Comunidad Valenciana, con una deuda que asciende al 17,4% de su PIB, y Catalunya, que la eleva al 17,2%. Le siguen Castilla-La Mancha (16,9%), Illes Balears (16,3%) y Galicia (11%). La primera y la última ya estaban en sus manos.

De fondo, la presión. La deuda autonómica es una de las principales críticas que recibe el Gobierno desde los organismos internacionales y las agencias de rating que exigen más control en sus presupuestos.

A lo que no hacen referencia estos estamentos es que varios estados de EEUU como Minnesota, Illinois o California tienen déficit astronómicos o están en suspensión de pagos y eso no ha servido de excusa para exigir ajustes profundos a Washington ni para rebajar la triple A de la que todavía disfruta. Y más de lo mismo ocurre en Alemania, donde estados federados de Berlín, Bremen, Sarre y Schleswig-Holstein están ahogados y han tenido que aplicar planes quinquenales de ajuste financiero sin que por ello se haya obligado a Alemania a nada parecido a lo que se exige a España.

Por otro lado, la Generalitat de Catalunya reclamará lo mismo que el PP: una moratoria. En total, la deuda asciende a 2.492 millones, a devolver en cuatro anualidades hasta 2015, informa J. Ramón González Cabezas. El Govern también volverá a reclamar el pago de los 1.450 millones de euros a cuenta del Fondo de Competitividad y la reclamación del aval estatal para la emisión de deuda autonómica.