Las comunidades autónomas que gobierna el PP escenificaron ayer su oposición a la Ley del Aborto, al negarse a debatir con el resto de autonomías y con el Ministerio de Sanidad los borradores de los dos decretos que desarrollan la normativa. Los seis consejeros conservadores presentes en el Consejo Interterritorial de Sanidad incluida la de Canarias, donde el PP gobierna con CC, y descontado el de Murcia, que no fue argumentaron que no tenía sentido debatir el desarrollo del proyecto cuando el PP presentará hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Por su parte, el Gobierno de Navarra (UPN) acordó ayer presentar su recurso al Tribunal Constitucional, alegando que la ley invade sus competencias autonómicas. El jueves finaliza el plazo para recurrir.

Jiménez afirma que la norma entrará en vigor el 5 de julio, como está previsto

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, criticó la actitud del PP. 'No tiene nada que ver con la realidad', denunció. Y aseguró que el reglamento que desarrolla la Ley del Aborto estará aprobado antes de que entre en vigor la norma, el próximo 5 de julio, 'tal y como está previsto'. Aunque el Tribunal Constitucional admitiera a trámite los recursos de los conservadores, no afectaría a la entrada en vigor de la norma, como recordó Jiménez.

Los consejeros del PP intentaron convertir su rechazo ideológico en argumentos objetivos. Uno de los motivos esgrimidos para rechazar el debate fue que los reglamentos se han redactado sin haber sido debatidos antes con las autonomías. Para que los reales decretos salgan adelante, basta con que los apruebe el Consejo de Ministros.

Navarra (UPN) también recurrirá la ley por invasión de competencias

La consejera de Sanidad de Galicia, Pilar Farjas (PP), se quejó de que había solicitado por escrito que se retirara del orden del día la discusión de los dos decretos. También la consejera de Canarias, María Mercedes Roldós, aseguró que los viceconsejeros del PP ya pidieron en la reunión técnica anterior al Consejo Interterritorial la retirada de los decretos del orden del día de ayer.

Roldós aseveró que la Ley del Aborto pone en marcha 'una nueva prestación'. Obvió que el aborto está despenalizado desde el año 1985 y que el año pasado se interrumpieron 115.000 embarazos.

Por su parte, el consejero de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez, pidió que los decretos se traten 'con más calma y sosiego'. La ministra explicó que, a un mes y cuatro días para que entre en vigor la norma, no cabe pedir más tiempo para la reflexión. Los reglamentos deben estar aprobados cuanto antes para que las autonomías los puedan poner en práctica.

Otro argumento de los conservadores fue que uno de los reglamentos deja a los médicos en una situación de 'inseguridad jurídica', al tener la última palabra sobre el aborto de las chicas de 16 y 17 años que no informen a sus padres, remarcó el consejero de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. La ministra replicó que el propio presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha reconocido que el colectivo médico está capacitado para cumplir esa función.

La Ley del Aborto establece que las menores de 16 y 17 años no necesitan el consentimiento paterno para abortar, pero deben informar a sus padres. Este último supuesto sólo podrá saltarse cuando la menor manifieste que comunicar a los tutores su decisión de abortar conllevaría peligro de violencia familiar.

Tratándose de un tema tan delicado de este punto dependió hasta última hora el apoyo de PNV e CiU a la Ley en el Congreso, la norma dejó en manos del Gobierno desarrollar un reglamento que determine cómo deberán demostrar las menores ese peligro 'intrafamiliar' y quién deberá constatarlo.

El Ejecutivo ha establecido que los médicos cumplan esta labor. En caso de duda, podrán pedir a psicólogos y trabajadores sociales que constaten si es cierto que la integridad de las menores peligraría por informar a sus padres.

El desacuerdo llevó a la ministra a saltarse la cortesía con que suele referirse a los consejeros y acusó a los dirigentes del PP de impedir un debate que ella consideraba técnico. Jiménez les recordó que, cuando el PP gobernó, no derogó la anterior Ley del Aborto, que ya estaba en vigor.

La titular de Sanidad también defendió que la nueva ley da más seguridad jurídica no sólo a las mujeres, sino también a los profesionales sanitarios. Los consejeros del PSOE ahondaron en esta idea.