En los últimos días, a raíz de los posicionamientos de Izquierda Unida respecto a pactar con el PSOE la investidura de varios gobiernos municipales y el autonómico de Extremadura, ha resurgido, al interior de la izquierda, el debate sobre qué hacer con el poder político conseguido en las elecciones y expresado a través de la representación parlamentaria.

El debate es añejo y se sitúa, en lo fundamental, en una disyuntiva entre dos posturas: de un lado, quienes consideran que, esencialmente, PP y PSOE gobiernan de forma igualmente perniciosa para las mayorías sociales, unos con los votos de la derecha y otros con los de la izquierda y, por tanto, es necesario erosionar al PSOE para romper con su posición preeminente a la hora de recoger las preferencias electorales de la izquierda desde la transición; de otro lado, encontramos a quienes creen que el PSOE, cuando gobierna apoyado en coaliciones con formaciones a su izquierda, impulsa políticas públicas diferentes a las del PP y, por tanto, la izquierda de las instituciones, debe asumir tareas de gestión y apoyar sus investiduras para escorar los gobiernos hacia los intereses de las mayorías sociales.

Del mismo modo, sondeo tras sondeo, se demuestra que la opinión de los votantes de la izquierda se divide entre quienes esperan contribuir, con su voto, a la formación de coaliciones de gobierno y quienes aspiran a que, los representantes que ha votado, escenifiquen en el Parlamento la distancia entre la casta política establecida (PP y PSOE) y quienes propugnan la ruptura con el actual orden de cosas.

Las decisiones, en todo caso, suelen decantarse por el contexto en que se toman: era mucho más probable construir un consenso en la izquierda social sobre que la izquierda parlamentaria apoyara la primera investidura del Presidente Zapatero en 2004, cuando las expectativas de gobierno del PSOE se apoyaban en la oposición a la Guerra de Irak y el movimiento entre el 11 y el 14M, a que lo hubiera hecho con la de Felipe González once años antes, cuando el PSOE presentaba una imagen pública salpicada por los escándalos, la corrupción, los GAL, y el desgaste propio de los años en el gobierno.

Del mismo modo, los representantes de IU que hoy deciden entre apoyar la investidura de Guillermo Fernández Vara, aspirante a ser reelegido como Presidente de Extremadura, y de tantos candidatos del PSOE a gobernar en ayuntamientos, se debaten, no solo entre la conformación de un 'polo' contra la casta política o conformar gobiernos que puedan escorarse a la izquierda, sino también entre apoyar o no candidatos que han regido durante muchos años algunas instituciones arrastrando consigo un enorme desgaste. Es un secreto a voces que, buena parte de la militancia de izquierdas, encuentra más similitudes entre algunos de estos gobiernos y los del PRI mexicano de los años 80 y 90, que con cualquier otra experiencia cercana a gobernar por la izquierda.

A lo dicho es imprescindible añadir un elemento de análisis fundamental: Izquierda Unida es la única fuerza que, tras las movilizaciones del 15M, podría potencialmente operar como interfaz representativo del movimiento en las instituciones cosa que, huelga decirlo, no ha sucedido hasta el momento. A este respecto, el debate se abrió en la última reunión de su dirección, donde algunas voces abogaban por una apertura hacia candidaturas unitarias en las que IU juegue un papel importante, frente a quienes, haciendo ostentación de una ceguera política considerable, valoraban que la subida del 2% en las elecciones autonómicas y municipales, en el presente contexto, es un magnífico resultado. Si Izquierda Unida quisiera avanzar en el sentido de la articulación política del movimiento, entre las premisas a cumplir, está efectivamente la ruptura con lo que l@s indignad@s han dado en llamar 'el régimen': el modelo bipartidista en que, sea quien fuere el partido en el gobierno, gobierna en beneficio de las minorías sociales y en perjuicio de las mayorías, aplicando políticas de ajuste sobre las primeras para garantizar la tasa de beneficio de las segundas.

De todo cuanto ha sucedido en los últimos días, podemos aventurar ya tres grandes principios rectores que mueven lo que podría ser un programa político de mínimos del movimiento de l@s indignad@s: democracia participativa; rechazo al actual sistema político, tanto del bipartidismo, como del sistema electoral y, sobre todo, de la percepción creciente de que la corrupción es la tónica general; mayor redistribución de la riqueza, considerando que, a pesar de la crisis, hay en España empresas, entidades financieras e individuos, con una renta suficiente como para garantizar una mejora sustancial de las prestaciones públicas y que este excedente social no debe permanecer concentrado en unas pocas manos, sino ser repartido.

Ese programa político, perfectamente asumible por IU y el resto de formaciones a la izquierda del PSOE que concurren a las elecciones, necesita de una operación política de apertura a la ciudadanía y, en particular, al movimiento; de una configuración diferente de candidaturas unitarias, populares y radicalmente democráticas que garanticen que ningún partido pre-existente va a pilotar el proceso, que es por su propia naturaleza constituyente de nuevas formas de hacer política, pero que, en opinión de muchos, en el medio plazo, necesitará de un horizonte de institucionalización para convertir la energía destituyente en un movimiento de cambio real que incorpore un proyecto institucional y una aceptación de fórmulas representativas que, huelga decirlo, superen a las actuales en rendición de cuentas y calidad democrática.

En esa partida, independientemente de su voto a favor o su abstención a los candidatos del PSOE en ayuntamientos y autonomías (el voto a favor de candidatos del PP es de todo punto inexplicable), la gente de Izquierda Unida se juega ser agentes fundamentales en el proceso de cambio, en hacerlo posible, o presentarse ante el movimiento como una coalición incapacitada para analizar la transformación sustancial que sufrirá, tras el 15M, la izquierda social en nuestro país y, en consecuencia, actuar.

El cambio, como dice el profesor de la Universidad Pompeu i Fabra, Raimundo Viejo, no se va a producir por la izquierda de la izquierda, sino por abajo y por afuera del orden actual de cosas. La ciudadanía ha comenzado a trazar una frontera identitaria entre el 'ellos' que gobierna desde el Parlamento y las sedes de las multinacionales y el 'nosotros' de quienes somos gobernados y que, por tanto, está 'abajo' en las relaciones de poder social y 'afuera' del núcleo de poder que las consagra. En ese sentido, la tarea de la izquierda hoy, es trabajar por un movimiento democrático, unitario y popular para romper con la pinza que realmente preocupa a los ciudadanos y los atenaza: la del régimen que ha consagrado la salida neoliberal de la crisis socavando la participación democrática y perjudicando los intereses de las mayorías sociales, cuyas vidas están hoy más precarizadas que nunca.

Ramón Espinar Merino es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, militante de Juventud Sin Futuro y miembro de la Fundación CEPS.