Los pensionistas no piensan quedarse de brazos cruzados ante la decisión del Gobierno de cambiar la legislación vigente para no compensarles por la desviación real de la inflación y que hará que pierdan 1,9 puntos de poder adquisitivo. No quieren pagar los platos rotos de una crisis que no han generado y por eso exigen que se cumpla la legislación anterior sobre Seguridad Social, que mantiene que las pensiones en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente IPC.

Las organizaciones de jubilados y pensionistas de CCOO y UGT protagonizarán a lo largo de la próxima semana un calendario de movilizaciones itinerantes ante las delegaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social o de la Tesorería de la Seguridad Social, en todas las Comunidades Autónomas, para protestar por el recorte de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo que ha aprobado el Gobierno del PP.

Las acciones unitarias de protesta se desarrollarán bajo el lema: '¡Vamos a la calle! Contra el recorte de las pensiones' y están convocadas por los sindicatos CCOO y UGT. En Madrid, Catalunya, Extremadura, Navarra y La Rioja las movilizaciones tendrán lugar el próximo martes. Un día después se manifestarán los pensionistas de Castilla y León, Aragón, Asturias y Castilla la Mancha. Ya el jueves, saldrán a la calle los jubilados murcianos, valencianos, andaluces y baleares. Por último, el viernes se movilizarán los de Euskadi, Galicia, Cantabria y Canarias.

Iniciarán, asimismo, una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para hacerles llegar una carta y exponer su posición sobre esta medida, que supone la pérdida de poder adquisitivo por no compensar las pensiones conforme a la subida del IPC de este año.

CCOO y UGT solicitarán, además, que la Defensora del Pueblo y los grupos parlamentarios promuevan un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley del pensionazo porque, a juicio de estas organizaciones, vulnera determinados preceptos de la Constitución Española, como el artículo 9.3, que establece expresamente que 'La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos'.