El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha lanzado una orden de busca y captura contra los tres militares estadounidenses imputados en el caso Couso.

Se trata de los tres militares que participaron en el tiroteo contra el Hotel Palestina en abril de 2003 causando la muerte del cámara de Telecinco, José Couso. Estos son, según el Auto, la persona que dio la orden directa de disparar, el Teniente Coronel Philip de Camp; el Capitán Philip Wolford, al mando de la Unidad de Blindados de la Compañía; y el Sargento Thomas Gibson, que fue quien efectuó los disparos.

EEUU no se lo va a poner fácil una vez más a la Audiencia Nacional. Según el auto, se ofreció a 'recibir declaración a los mismos, brindándoles incluso la posibilidad de que la comisión judicial se desplazara al EEUU a estos efectos, sin que las autoridades de dicho país hayan cooperado al efecto'.

La orden implicaría su 'ingreso en prisión a efectos de extradición' y llega después de que el Tribunal Supremo reabriera el caso a principios de julio.

Pedraz ha decidido estimar el recurso de las familias al entender que los hechos podrían ser constitutivos de crímenes de guerra. Asimismo, ha solicitado autorización al Consejo General del Poder Judicial para desplazarse a Irak entre octubre y noviembre y realizar un análisis ocular de la zona del asesinato.

La semana pasada, el Supremo destacó que el el impacto del proyectil contra el Palestina merecía 'indiciariamente' enmarcarse en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crimen de guerra) y en las normas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo fin 'no es poner fin a las guerras sino limitar la barbarie de los conflictos armados'.

Para el alto tribunal, la Audiencia Nacional, al acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones, 'anticipó una sentencia absolutoria' de forma 'prematura', porque no se habían agotado las diligencias de instrucción.

Se trata de un nuevo paso, después de siete años de lucha para la familia del cámara. Aunque no es la primera vez que se ordena búsqueda y captura contra los militares. El 19 de octubre de 2005  Pedraz dictó una orden de detención internacional contra los tres militares, que fue recurrida al día siguiente por el fiscal Rubira, aunque el recurso fue rechazado.

Dos años después, el 16 de enero de 2007, Pedraz volvió a ordenar la busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, de los tres militares.