Coincidiendo con la liberación del pesquero Alakrana en aguas del Índico, el juez Santiago Pedraz ha puesto este martes punto y final a la investigación contra los dos presuntos piratas detenidos. De esta manera, ha elevado la causa a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para que sean juzgados por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas.

El titular del Juzgado Central de instrucción número 1 ha dictado un auto de conclusión del sumario contra Cabullahi Caduwilly, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Aji, tras tomarles declaración indagatoria y comunicarles su procesamiento.

Sin embargo, el magistrado únicamente ha remitido a la Sala de lo Penal el testimonio referido a los presuntos corsarios, por lo que mantendrá abierta una causa principal en el marco de la cual podría pedir la declaración de los marineros secuestrados, una vez que sean liberados.

Fuentes jurídicas explicaron que la comparecencia de los marineros secuestrados es una de las diligencias imprescindibles en la causa y que éstos incluso podrían testificar durante el juicio si así lo ordena el tribunal, a instancia de alguna de las partes (Fiscalía y defensas).

En su auto, Pedraz explica que el objetivo de la investigación que mantendrá abierta es 'la averigüación y el esclarecimiento de los hechos respecto de otros partícipes aún no identificados'.

Es más, justifica la finalización de la investigación argumentando que se han practicado 'todas las diligencias de investigación necesarias, incluidas las solicitadas por sus abogados defensores', para el 'esclarecimiento y comprobación de los hechos'.

Ahora, el tribunal dictará la apertura de juicio oral y las partes tendrán un plazo de diez días a partir de este momento para presentar sus escritos de acusación y defensa, trámite previo al señalamiento de la vista.

Por otro lado, Pedraz ha remitido un oficio al Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) para que aclare si 'Abdu Willy' y el otro supuesto corsario 'fueron trasladados' a un barco francés antes de ser trasladados a España, al entender el abogado del primero, Javier Díaz Aparicio, que esta maniobre podría convertir su detención en 'ilegal'. 

Tras indicar que este traslado podría provocar la nulidad de las actuaciones, el letrado ha defendido que esta nueva prueba podría 'incorporarse al sumario en la fase intermedia', de forma que el expediente no quedaría 'paralizado a la espera del resultado de la misma'.