Al Partido Popular no le ha hecho nada de gracia que el Gobierno no permita debatir enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y no ha tenido reparos en demostrarlo durante este jueves. 

Así lo han hecho tanto su presidente, Mariano Rajoy, como su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, que no han escatimado saliva en su crítica al Ejecutivo.

De 'autoritario' ha tildado Rajoy al Gobierno por el veto a las enmiendas, algo que para el conservador es 'impropio de una democracia avanzada'. En el mismo sentido, Sáenz de Santamaría ha señalado al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba como 'responsable directo' de lo que considera 'el autoritarismo y despotismo' con el que el Gobierno ha evitado debatir las enmiendas.

El PP alega que el veto llegó tarde

'Ya sabemos a qué ha venido Rubalcaba, no ha venido a comunicar ni a explicar, ha venido a hacernos callar y a tapar la voz de este Parlamento', ha dicho la portavoz. Rajoy, por su parte, ha aseverado que al Gobierno le sobran 'tics autoritarios' y ha reprochado a Zapatero que quiera resolver la situación económica 'con el tercer cambio de Gobierno en dos años' con una estrategia que, según el conservador, pasa por 'arremeter contra la oposición'. 

Sin embargo, la pataleta del Partido Popular no va a quedar en la mera declaración. Sáenz de Santamaría ha confirmado que su partido presentará ante la Mesa del Congreso una queja formal contra la actitud del Ejecutivo. 

Desde el PSOE aseguran que fue 'algo perfectamente normal y legal'

El PP entiende que el Gobierno hizo oficial su oposición a que la Comisión de Presupuestos debatiera las 22 enmiendas una vez comenzada la sesión y que los portavoces de los grupos mostraran su posición. Consideran los conservadores que las enmiendas ya habían comenzado a tramitarse porque se habían empezado a debatir, de modo que el veto del Gobierno, según el PP, tardío, perdería su criterio.

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, ha asegurado que el veto del Ejecutivo es algo 'perfectamente normal y legal', dado que el Gobierno tiene recogido el derecho constitucional de 'vetar las enmiendas que descuadren las cuentas del Estado'.