Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y presunto número dos de la trama Gürtel de corrupción, recibió un sobre de la caja B de Francisco Correa con 3.000 euros el 21 de diciembre de 2004, pocos días antes de que el PP y los independientes votaran la moción de censura que en enero de 2005 desbancó al PSOE de la alcaldía de Bormujos, un municipio de 18.590 habitantes situado en la corona metropolitana de Sevilla.

El destinatario del sobre, según consta en un apunte de la contabilidad en negro que llevaba la trama, era Jesús Calvo Soria, socio de Correa en una de las empresas integradas en el entramado de blanqueo de capitales, según la Policía. Calvo Soria, en aquellas fechas, urdía la moción de censura junto a la actual alcaldesa de Bormujos, Ana Hermoso (PP), el también imputado Tomás Martín Morales, y varios ediles independientes. Calvo Soria pagó el hotel en el que varios ediles pasaron las horas anteriores a la moción.

Este apunte en la contabilidad B de Correa, que la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude incluye en un informe que está en el sumario Gürtel, apuntala la declaración de José Luis Peñas, denunciante e imputado en el caso, ante el juez instructor, Antonio Pedreira. Peñas afirmó: 'Pablo Crespo me comentó que había bajado disfrazado a Bormujos a entregar una maleta con dinero. [Iba] con peluca y con gafas oscuras para que no se le reconociera'. Peñas utilizó entonces la palabra 'maleta' en sentido metafórico y no literal. Luego agregó, a preguntas de los fiscales que el dinero servía para pagar 'al tránsfuga'. Los 3.000 euros serían sólo una parte del pago.

La moción de Bormujos, que se fraguó para modificar el plan urbanístico elaborado por los socialistas, pudo llevarse a cabo porque el concejal José Sánchez cambió de bando. Abandonó a AIB-La Paloma y votó junto al PP y los independientes de Baldomero Gaviño para desalojar al entonces alcalde Juan Antonio Iglesias (PSOE). La cifra, los 3.000 euros que Crespo recibió de la caja B para entregar a Calvo Soria, coincide con la cantidad que supuestamente cobró el padre del tránsfuga antes de la moción 'para tapar agujeros', según indicaron a Público fuentes conocedoras del asunto. El tránsfuga siempre ha negado que cobrara soborno alguno. Este diario trató de contactar con él, sin éxito.

Un juez de Sevilla ya investigó el caso en 2006 tras la denuncia de dos compañeros de Sánchez en AIB-La Paloma. Dijeron entonces a la Policía que un empresario local les había ofrecido 840.000 euros que ponía un grupo inmobiliario de Madrid. El caso se archivó por falta de pruebas.

Una grabación incluida en el sumario viene ahora a demostrar que el propio Correa estaba al tanto de la operación en Bormujos y que incluso intermedió. En un almuerzo en octubre de 2006, le cuentan que Calvo Soria declaraba ante el juez de Sevilla. Él afirma que éste le iba a echar 'toda la mierda a Máximo' y que era 'verdad' porque el que había movido los hilos era Máximo. Correa se refería a Máximo González Jurado, presidente del Consejo de Enfermería. En esa conversación, se describe una situación en la que Correa actúa de intermediario entre Máximo y Baldomero Gaviño, el edil que accedió a la alcaldía tras la moción. Correa zanjó esa charla con la frase: 'Menos mal que no bajé a Bormujos y que allí no me conoce nadie'.

González Jurado ya había intentado junto a Correa hacer una Ciudad Sanitaria con facultad de enfermería, en Majadahonda (Madrid), según un informe policial del sumario Gürtel. Hoy, en Bormujos, existe una escuela de enfermería junto al Hospital San Juan de Dios, cuyo suelo 8.000 metros cuadrados fue cedido gratis por el ayuntamiento cuando lo dirigía Baldomero Gaviño.

La operación que desbancó al PSOE del gobierno de Bormujos ya fue investigada por la justicia en 2006. Dos concejales, compañeros del tránsfuga José Sánchez en AIB-La Paloma se dirigieron a la Policía para denunciar que Eusebio Gaviño, primo de Baldomero Gaviño, quien ocupó la alcaldía tras la moción de censura de enero de 2005, les había ofrecido por cuenta de un grupo inmobiliario de Madrid, 840.000 euros a repartir si votaban a favor del cambio de gobierno. “En Borjmujos lo que querían era dar un pelotazo”, manifestó José Luis Peñas, denunciante e imputado en el caso, al juez instructor del caso Gürtel. Modificar el plan urbanístico de Bormujos era el objetivo de la moción.