La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) asegura que el empresario Enrique Ortiz utilizaba a su mujer, María Manuela Carratalá, a su hermano Virgilio Ortiz y al empleado del Grupo Cívica Santiago Bernáldez para retirar 'grandes cantidades de dinero' de entidades bancarias que serían las empleadas por el constructor como 'contraprestaciones'.
Uno de los informes policiales del sumario de la pieza separada del caso Brugal, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que entre julio y octubre de 2008 estas personas retiraron grandes sumas de dinero que entregaron a Ortiz antes de que este se reuniera a desayunar con 'determinado cargo público', un día después de los cobros de efectivo.
Se comprobaron los movimientos bancarios descritos en las escuchas
Así, de las conversaciones intervenidas por la Policía se desprende que María Manuela Carratalá cobró dos cheques por un valor aproximado de 40.000 euros el 29 de julio. Y en una conversación entre Virgilio Ortiz y Carratalá, del 24 de octubre, el primero le indica a la segunda que 'le va a dejar en casa el bocadillo', término que la Policía cree que podría hacer referencia a 'una gran cantidad de dinero' que concreta en 140.000 euros que el propio Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez habrían retirado de un banco.
Es Virgilio Ortiz el que indica a Carratalá que al día siguiente tiene que ir, junto con Santiago Bernáldez, a retirar al Banco de Valencia otra 'tongada', hecho que, según la Policía, se confirma al recibir Enrique Ortiz una llamada esa noche en la que Bernáldez le comunica que 'lo de hoy' lo 'han sacado' y se lo han dado a María ManuelaCarratalá.
En una conversación del 25 de octubre de 2008 Virgilio Ortiz pregunta a su hermano Enrique por el lugar al que le lleva 'el bocata', que finalmente será entregado en el barco.
Con el resultado de estas intervenciones telefónicas la Policía solicitó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante un mandamiento para que Banesto, BBVA y el Banco de Valencia facilitaran al Grupo de Blanqueo de Capitales la información de la que dispusieran sobre los movimientos bancarios aludidos en las conversaciones.
Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, afirmó ayer que recibir regalos en determinadas fechas, como Navidad, es 'un uso social' en España y que, aunque no existe un límite legal para los mismos, lo establece 'la ética y la moral de cada uno'. Justificó así que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, admitiese haber recibido regalos del empresario Enrique Ortiz, porque era 'lo normal' en 2008, informa Efe.
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