El ex ministro de Información de Venezuela y antiguo embajador ante la ONU, Diego Arria Salicetti, declaró ayer en la Audiencia Nacional que la Administración de Hugo Chávez emplea a seis presuntos miembros de ETA, incluido Arturo Cubillas. Arria compareció ante el juez Eloy Velasco, que instruye la causa sobre la participación de etarras en campos de entrenamiento de las FARC ubicados en la selva venezolana.

El diplomático admitió a la salida no disponer de datos sobre los nexos entre las FARC y ETA, pero aseguró haber entregado al magistrado informes de la Inteligencia de su país sobre la colaboración del Gobierno de Chávez con la banda. Según declaró, de los 34 miembros de ETA que llegaron deportados a Venezuela en 1989, siete trabajan o han trabajado hasta hace poco en la Administración bolivariana, concretamente en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), según precisó después la Plataforma Democrática de Venezuela, grupo de opositores asentados en España.

Asún Arana, Eugenio Barrutiabengoa, Luis María Olalde, Jesús Ricardo Urteaga y José Martín San Sebastián serían los etarras empleados en el INTI, organismo dedicado a la expropiación de terrenos. A ellos hay que sumar el nombre de José Ayestarán, detenido el pasado febrero en Francia junto al jefe del aparato militar de ETA.

El ex ministro, que declaró a propuesta de la AVT, pretende que Chávez sea juzgado en La Haya por 'la expropiación, pillaje y saqueo' de tres millones de hectáreas. De estas, una parte han sido aprehendidas a 'más de 300 pequeños y medianos agricultores españoles', según Arria, quien también se vio afectado. '¿Será una casualidad que el mayor número de víctimas sean españoles y que quien conduzca la política de atropello a españoles sea un funcionario de ETA?', se preguntó ayer.