El Grupo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha mostrado su 'preocupación' por la suspensión en sus funciones del juez Baltasar Garzón, tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, de abrir juicio oral contra él por un supuesto delito de prevaricación al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

'El Grupo ha dejado claro que una desaparición forzada es una ofensa continua y una violación de derechos humanos mientras no se conozca el paradero de la víctima. El Estado tiene la obligación de esclarecer la verdad sobre lo que pasó con la persona desaparecida', según un comunicado emitido hoy.

El Grupo recuerda que las desapariciones forzadas son un delito 'continuo' que comienza en el momento de la desaparición y 'se mantiene mientras el crimen no sea dilucidado, esto quiere decir hasta que el Estado reconoce la detención o da información sobre el paradero del individuo'.

El comunicado del Grupo también hace referencia a la Ley de Amnistía declarada en España en 1977, en base a la cual el Supremo decidió suspender a Garzón. Dice esta institución que 'una ley de amnistía actúa contra la Declaración [sobre la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas] cuando un Estado acaba con su obligación de investigar, perseguir y castigar a los responsables de las desapariciones, incluso en los casos que hayan sido apoyadas en referéndum o en una consulta similar'. 

Por esta razón, el Grupo insiste en que esta Declaración solicita a los Estado que se inhiban de legislar y aplicar leyes de amnistía 'que evitan que los ejecutores de las desapariciones forzadas puedan ser procesados y sancionados'. En el mismo sentido, el Grupo subraya el derecho de los familiares de los desaparecidos españoles a conocer la verdad. 'La reconciliación entre el Estado y las víctimas de las desapaiciones forzadas no puede darse sin la clarificación de cada caso individual', concluye.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias fue establecido en 1980 para ayudar a las familias a conocer el paradero de sus familiares. Está compuesto por Jeremy Sarkin (presidente y relator del organismo), Santiago Corcuera, Jasminka Dzumhur, Olivier de Frouville y Osman El-Hajjé.