Las mujeres continúan pagando sus abortos. Cuatro meses después de que entrara en vigor la ley, que por primera vez incluye la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación más del Sistema Nacional de Salud, y por tanto determina que esta es gratuita, una de cada dos madrileñas continúa asumiendo el coste de la prestación.

Según una encuesta de la Clínica El Bosque de Madrid, el 54% de sus pacientes acaba pagando la intervención. El centro ha preguntado, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre pasados, a 200 mujeres de entre 14 y 45 años que interrumpieron su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Entonces, la ley ya llevaba un par de meses en vigor. Las conclusiones del estudio, el primero que se realiza con la norma ya en marcha, se pueden extrapolar al conjunto de la Comunidad de Madrid, ya que este centro es uno de los que más abortos practican de la región.

El retraso de los trámites lleva a costear la operación

Esta situación 'se extiende a otras autonomías', denuncia el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), Santiago Barambio.

¿Por qué, si la prestación debe ser gratuita por ley, las mujeres optan por asumir el coste? Porque los trámites necesarios para que la comunidad autónoma asuma el pago son excesivamente lentos y las pacientes temen sobrepasar el periodo de las 14 semanas de gestación durante el cual el aborto es libre.

En Asturias y Andalucía basta con mostrar la tarjeta sanitaria

El estudio también revela que el 67% de las mujeres que pagaron la intervención lo hicieron para saltarse los excesivos tiempos de espera. Un 19% no sabía que tenía derecho a someterse a la intervención de forma gratuita, otro 5% alegó no confiar en la sanidad pública y el resto dio otros motivos.

La Comunidad de Madrid ha establecido un circuito mediante el cual todas las mujeres que quieran abortar de forma gratuita y así lo solicitan a su médico de cabecera, a los centros de planificación familiar o a cualquier hospital son derivadas inevitablemente a un centro que tramita sus peticiones.

Este servicio es el que recoge la información de las mujeres, tramita sus expedientes y las deriva a una clínica acreditada donde finalmente interrumpen su embarazo. En esta unidad sólo trabajan tres funcionarias, que no dan abasto para dar salida a las decenas de solicitudes que reciben cada semana, denuncia el presidente de Acai.

El 45% de las madrileñas encuestadas por la Clínica El Bosque tuvieron que esperar más de tres semanas desde que solicitaron interrumpir su embarazo hasta que la Comunidad de Madrid les dio cita en una clínica.

Las cifras demuestran que, cuanto mayor es el tiempo de espera, mayor es el número de mujeres que se saltan el circuito de la sanidad pública y deciden pagar la intervención. En Catalunya, estas tienen que adelantar el coste. Como marca la ley, la Generalitat les devuelve el dinero, pero antes de haberse sometido a la intervención las mujeres deberán haber pasado por un engorroso trámite burocrático, critica Barambio.

En cambio, en Asturias y Andalucía, basta con que las mujeres presenten su cartilla de la Seguridad Social en las clínicas acreditadas para la interrupción de embarazos. Estas dos autonomías ya contaban con un acuerdo y un concierto, respectivamente, con las clínicas. Así, las mujeres se ahorran el papeleo y la espera. Estas comunidades llevan años pagando casi el 100% de los abortos. El informe de El Bosque también revela que el 54% de las encuestadas dice conocer poco la Ley del Aborto.