El nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, fue consejero y hasta hace un mes representante de la empresa Instalaza S.A., fabricante de bombas de racimo hasta 2008 que fueron utilizadas por las fuerzas leales al exlíder libio, Muamar Gadafi, contra la población civil, según desveló el diario estadounidense The New York Times.

Morenés es además el actual director ejecutivo en España de la empresa MBDA (comunicado de la empresa en PDF), que diseña, fabrica y vende misiles.

El ministro de Defensa entró a formar parte de Instalaza S.A. el 26 de agosto de 2005 como consejero. Estuvo en ese puesto casi dos años, hasta el 31 de mayo de 2007, fecha en la que cesó para ser nombrado representante, cargo que ostentó hasta el 20 de septiembre de este mismo año (registrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del martes 4 de octubre de 2011), solo un mes antes de que se celebrasen las elecciones generales.

Mientras ocupaba el cargo de representante, y según desveló Cinco Días el pasado 9 de mayo, Instalaza decidió reclamar al Gobierno 'una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante después de que España decidiera prohibir las bombas de racimo'.

Morenés dejó Instalaza tan solo un mes antes de las elecciones generales  

En diciembre de 2008 un total de 107 países, entre ellos España, ratificó un tratado internacional que prohibía el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de bombas de racimo. Un mes después, el 6 de enero de 2009, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguraba que el Gobierno aprobaría 'en pocos días' las nuevas Reales Ordenanzas —normas de conducta para las Fuerzas Armadas— que suponían, entre otras cosas, 'la exclusión del uso de ciertas armas y tácticas que repugnan a la conciencia moderna', como las bombas de racimo.

Casi dos años después, la organización Human Rights Watch (HRW) confirmaba lo que era de esperar: España y otros países que se habían comprometido a eliminar las bombas de racimo habían destruido ya un total de 176.000 artefactos. Según EFE, España se adscribió no obstante a la excepción que permitía conservar los artefactos de racimo que no excedían las 20.000 minibombas con el fin de investigar y entrenar.

La polémica se desató este mismo año, el 15 de abril. El periódico estadounidense The New York Times sacaba a la luz una información ('Qaddafi Troops Fire Cluster Bombs Into Civilian Areas') que denunciaba el uso de bombas racimo por parte de las fuerzas del entonces líder libio, Muamar Gadafi, contra la población civil libia. Según destapaba el diario estadounidense, las bombas de racimo descubiertas se correspondían a proyectiles de mortero MAT-120 fabricados en España en el año 2007. The New York Times apuntaba directamente a una empresa española: Instalaza S.A., de la que fue consejero y posteriormente representante el recién nombrado ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

En el catálogo de productos que Instalaza posee en su página web, aún mantienen el MAT-120, aunque explican que se trata de 'munición de racimo prohibida por decisión del Consejo de Ministros de España del 11 de julio de 2008 y la posterior firma del texto de la Convención de Oslo el 3 de diciembre de 2008'. No obstante, restan peligrosidad al artefacto: 'La munición MAT-120 de INSTALAZA fue diseñada con el objetivo de ANULAR el riesgo de explosión accidental, en caso de que alguna submunición no hubiese detonado al impactar con el terreno'.