El aperitivo a las protestas convocadas para este jueves se ha servido hoy en Madrid, Barcelona, Zaragoza o Ponferrada. Allí, funcionarios, parados, policías y mineros han salido a la calle contra los recortes del Gobierno y el último hachazo a los empleados públicos, que han llevado a los sindicatos CCOO y UGT a convocar 80 manifestaciones en todo el país. Faltan dos días, pero instituciones públicas y sedes del PP han seguido siendo el objetivo de las marchas críticas, que no dejan de sucederse.

En la capital, por ejemplo, centenares de funcionarios cortaron a mediodía el tráfico del Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, durante quince minutos. 'Salgo a defender mis derechos como trabajadora, estoy afónica de tanto gritar y voy a seguir saliendo a la calle, como deberíamos hacer todos', explicó a Efe Susana, empleada de Sanidad. Ella y otros compañeros han advertido de que no pararán hasta que el Ejecutivo deje de 'ahogar' al sector público. Los funcionarios, que aprovecharon su tiempo de descanso para quejarse, portaron pancartas con lemas como 'Quieren arruinar el país' y camisetas con leyendas como 'Yo una vez tuve derechos'.

También en Madrid, una decena de trabajadores se concentró con pitos y pancartas a las puertas del Ministerio de Empleo cuando consejeros y representantes de las comunidades autónomas accedían a la conferencia sectorial presidida por la secretaria de Estado Engracia Hidalgo. 'A nosotros nos han reducido el sueldo aún más, pero ellos esta mañana tenían en la mesa café, pastas y todo bien servido, y a eso no hay derecho', se quejaba una de las funcionarias.

Más nutrida fue la concentración de cientos de empleados públicos ante el Ministerio de Hacienda. Convocados por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, la protesta estuvo presidida por una pancarta en la que se leía: 'Contra los recortes. Contra la reforma laboral'. El portavoz de CSIF, Francisco Camarillo, subrayó que el Gobierno tenía preparado este último recorte desde hace mucho tiempo 'porque el decreto ley es muy minucioso y muy elaborado'. Asimismo, ha corregido la cifra dada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha dicho que sólo alrededor de medio millar de funcionarios del conjunto de las Administraciones Públicas (los que ganen menos de 962 euros al mes) cobrará la paga de diciembre, frente a la primera estimación del Gobierno que eleva este número a entre 10.000 y 15.000. 

Mientras, los funcionarios encargados de velar por la seguridad pública, acostumbrados a posicionarse frente a los manifestantes, cambiaban de lado para mostrar su enojo con los ataques que están sufriendo sus carteras. Así, un centenar de agentes cortó el tráfico en Zaragoza por el 'hachazo inmundo' de Mariano Rajoy.

Vigilados por la Policía Local, los funcionarios del CNP se sentaron en el paso de cebra ubicado frente a la comisaría del Paseo María Agustín y bloquearon la circulación durante media hora. César Lambea, de la Confederación Española de Policía (CEP), insistió en que van a continuar con las movilizaciones 'hasta que revoquemos esto y evitemos que siempre paguen los pobres', ya que además de la paga extra de Navidad también les han quitado días de asuntos propios que les habían concedido en compensación 'por no cobrar un sueldo digno'.

Si unos han protestado por los jironazos en sus nóminas, otros lo han hecho por los recortes en las prestaciones por desempleo. La situación de 'desamparo' que sufren los que hacen cola en las oficinas de empleo llevó a unas 70 personas a ocupar una oficina del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) en Barcelona. Los manifestantes, pertenecientes a la Asamblea de Trabajadores en Paro de Cataluña, se concentraron en la plaza de Catalunya antes de desplazarse a la calle Sepúlveda, donde una vez en el interior gritaron consignas como 'El próximo parado que sea un diputado' o 'Políticos y banqueros nos roban el dinero'. Diosdado Toledano, miembro de la asamblea, explicó que la protesta es 'solo el principio' de una campaña de concienciación que avanzará con una recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) 'que garantice una renta mínima a cualquier ciudadano catalán'.

Después de tomar Madrid, las cuencas siguen en pie de guerra. En Ponferrada, más de doscientos mineros se concentraron frente a la sede del PP del Bierzo, a cuyos responsables exigieron más compromiso con la minería del carbón, afectada por los recortes de más del 60% en las ayudas al sector. El presidente del Comité Intercentros de Unión Minera del Norte (UMINSA), Guillermo Sánchez, afirmó que el PP castellano-leonés puede 'pegar un puñetazo encima de la mesa' y mediar en el conflicto que atraviesa el sector para que el Ministerio de Industria retome el diálogo con la parte social. En esta línea, ha subrayado la necesidad de que convoque a la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón.

Tras la protesta, protagonizada por el estruendo de los petardos, los mineros se trasladaron al pozo de Santa Cruz del Sil, donde varios compañeros han relevado a los siete trabajadores que permanecieron encerrados durante 52 jornadas. Un enclaustramiento que también continúa en dos pozos asturianos: Candín, en el municipio de Langreo; y Nicolasa, en el de Mieres, que ha tomado el testigo de la acción desarrollada en el pozo Santiago (Aller). La salida de los mineros encerrados, sustituidos por compañeros, fue celebrado entre vítores por cientos de personas.

El pleno extraordinario del Congreso se ha celebrado hoy con el tráfico cortado en la Carrera de San Jerónimo y con restricciones a la circulación de viandantes por parte de la Policía, que mantiene un fuerte dispositivo de seguridad, con vallas fijas y agentes alrededor de la Cámara Baja. El amplio cordón policial, que el PSOE y la Izquierda Plural han coincidido en describir esta mañana como 'excesivo', refuerza las medidas que se adoptaron la semana pasada ante las manifestaciones espontáneas de ciudadanos por el centro de Madrid.

De hecho, cuando el miércoles pasado el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunció el último paquete de medidas, sí había circulación rodada ante el Palacio de las Cortes, como ha ocurrido siempre en esta legislatura durante las sesiones plenarias. Eso sí, cuando concluyó la comparecencia de Rajoy y el presidente abandonó el Congreso en su coche oficial, salió por un acceso lateral, el de la calle Zorrilla, mientras en la plaza de las Cortes un grupo de funcionarios protestaba por los anuncios que acababa de hacer el presidente del Gobierno.

La mayoría de las manifestaciones espontáneas contra los recortes que desde entonces se han sucedido en el centro de Madrid han pasado en algún momento por sus cercanías, con intentos por aproximarse al Palacio de las Cortes, impedidos por la Policía. El refuerzo de la protección consiste en un cerco de vallas metálicas entrelazadas, sujetas en la parte exterior por otras de gran altura, situadas en los accesos a la Carrera de San Jerónimo desde la calle de Cedaceros y la Plaza de Neptuno.

Furgonetas policiales custodian las esquinas y ocupan la parte central de la Plaza de las Cortes. Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) impiden el paso a vehículos no oficiales o sin autorización y también a los viandantes y turistas que pasan por la zona. Sólo se permite el paso a diputados y personal parlamentario, así como a los vecinos y trabajadores de empresas radicadas en la zona, previa identificación.