Los recursos naturales del Sáhara Occidental, una región rica en fosfatos y con uno de los mayores bancos de sardinas del mundo, son objeto de explotación por parte de empresas europeas.

El Frente Polisario y asociaciones de derechos humanos como el Observatorio para los Recursos Saharauis (Western Sahara Resource Watch-WSRW) llevan varios años denunciando lo que consideran un expolio de las riquezas del Sáhara y, ahora, han ganado una batalla con la decisión de la empresa gallega Jealsa -propietaria de Rianxeira y Escurís- de no seguir envasando sus productos en la fábrica que poseen en El Aaiún, capital del Sáhara ocupado.

Estas conservas tenían como destino final los establecimientos de Mercadona. Así se ha hecho desde 2006, cuando la conservera de A Coruña se estableció en la ciudad saharaui buscando la proximidad con el banco sardinero de la zona, el producto a comercializar. La conservera se alió con un socio local y formó la UTE Damsa, de la que Jealsa posee el 55%. Hasta el pasado mayo, el etiquetado de los productos que allí se envasaban -unos 30 millones de latas cada año- indicaba 'Marruecos' como país de procedencia, una práctica denunciada en numerosas campañas ciudadanas, ya que el pescado adquirido en El Aaiún proviene de las aguas del Sáhara Occidental. Precisamente, por este mismo motivo no se renovó el acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, expirado en diciembre de 2011.

Jealsa admite que trasladar la actividad del Sáhara a Galicia se ha realizado 'a instancias' de Mercadona 

La Eurocámara rechazó la prórroga de este acuerdo anteponiendo las tesis de los eurodiputados que defendieron el criterio de la ONU: la actividad económica en los territorios del Sáhara Occidental debe responder a los intereses de los saharauis mientras no se resuelva su condición de pueblo pendiente de descolonizar y ocupado por Marruecos desde hace 37 años. Pero esta teoría no se aplicaba en la práctica, según ha denunciado también el Frente Polisario, representante político del pueblo saharaui, en numerosas ocasiones.

La decisión de Jealsa de marcharse de El Aaiún y envasar el pescado en las instalaciones que la conservera tiene en Pobra do Caramiñal (A Coruña) se produjo antes del verano, pero se ha hecho pública hace escasos días mediante una carta que el director de operaciones Juan Alonso Escurís remitió el pasado 18 de septiembre a WSRW. En la misiva, Alonso argumenta que el cambio de deriva responde a cuestiones de 'ahorro logístico', de 'mejora de eficiencia' y que se hace 'a instancias' de su cliente: Mercadona.

Aunque los motivos esgrimidos por Jealsa para deslocalizar la fábrica de El Aaiúin se distancian del aspecto político, detrás de esta decisión existe una campaña ciudadana que ha perseguido durante años terminar con estas prácticas. 'Esto es el resultado de varios años de conversaciones de nuestro observatorio con Jealsa', sostiene Javier García Lachica, de WSRW. 'Han decidido cambiar y lo han silenciado para no perjudicar a su cliente', añade en lo que a su juicio es una decisión política 'y no logística'. No en vano, la popularidad de la cadena valenciana de supermercados ya fue puesta en duda a principios de año cuando Greenpeace incluyó a Mercadona en su listado de empresas con peor comportamiento ético, social o medioambiental, en el marco de la campaña Public Eye Awards.

'Las empresas españolas en la zona son corresponsables de la explotación de los recursos que son de los saharauis'

Por todo, la desconfianza sigue detrás del cambio en las rutinas productivas de la conservera gallega. 'Tras esta comunicación, toca comprobar que Jealsa ha procedido al cierre de su planta en el Sahara Ocupado', ha indicado Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida y vicepresidente del Intergrupo de Solidaridad con el pueblo Saharaui en el Parlamento Europeo.

Meyer ha recalcado en conversaciones con Público que instará a la Comisión Europea a que investigue este caso y proporcione información pública sobre las actividades de la conservera y del resto de empresas españolas vinculadas a empresas marroquís que operan en la zona y que 'son corresponsables de la explotación de recursos que legítimamente pertenecen al pueblo saharaui, que ni ha sido consultado ni se beneficia de estas actividades'.