'Una justicia ágil y previsible'. Este era el encabezamiento del programa dedicado a la materia en el programa con el que el PP concurrió a las últimas elecciones. El primero de los adjetivos es fácilmente identificable con el perenne problema de la lentitud en la Administración de Justicia. ¿Y el de 'previsible'? Los jueces progresistas denuncian un intento del nuevo Gobierno por establecer una paz duradera en su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una paz, añaden, que pasa por imponer un sesgo conservador en la Administración de Justicia golpeando con dos mazas: la mayoría absoluta obtenida el 20-N y la adscripción política afín a sus planteamientos del sector más amplio de la carrera judicial.

El programa electoral del PP adelantaba la reforma del sistema de elección para acceder al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un regreso al modelo de 1980, en el que eran los propios jueces quienes elegían a 12 de los 20 vocales. Los otros ocho corresponden a Congreso y Senado. Así fue hasta 1985, ya con un Gobierno socialista, cuando una nueva ley orgánica otorgó a las Cortes la capacidad de elegir a todos los vocales. En 2001, el Ejecutivo de Aznar introdujo una nueva reforma por la cual las asociaciones de jueces proponen a los 12 vocales entre los jueces y magistrados en activo, pero es el Parlamento quien tiene la última palabra.

Ruiz-Gallardón quiere volver al sistema de elección anterior a 1985

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explica la reforma en la necesidad de evitar 'la imagen de politización de la Justicia española' regresando para ello al 'espíritu de la Constitución'. Pero los jueces progresistas y la oposición de izquierda denuncian que las cartas están marcadas porque los jueces son mayoritariamente conservadores y el sistema de elección, aparte de hurtar la decisión a la soberanía popular, arrojará un Poder Judicial con una foto fija a la derecha.

'¿Ahora descubren que se ha utilizado el sistema de elección de forma partidista?', se pregunta José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), la asociación progresista, con menos de la mitad de afiliados que la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Ramírez evoca aquel primer CGPJ, elegido cuando sólo existía una asociación, la APM. 'Resultaron elegidos los más conservadores de la asociación y se dedicaron a sabotear la acción del Gobierno en las políticas progresistas. Ahora se invoca como el mejor Consejo que ha habido, pero no era apolítico', recuerda.

Pretende acabar con la «imagen de politización de la Justicia española»

Luis Aguiar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III y exportavoz de la minoría progresista en el CGPJ, dibuja la situación actual de la carrera judicial: 'No hay correspondencia entre el estamento judicial y la sociedad española. El primero está claramente escorado a la derecha'. Y advierte de otro riesgo: 'Los jueces más activos del sector conservador están fuertemente ideologizados y esos van a ser los que van a ocupar el CGPJ. Es lo que probablemente interese al PP'.

Julio Villarrubia, portavoz del PSOE, calificó la medida de 'contrarreforma' a los pocos minutos de que la expusiera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 24 de enero. 'Ustedes van a acometer un ataque a la soberanía popular so pretexto de defender la independencia judicial. ¿A quién quieren engañar? Una cosa es la independencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que está garantizada, y otra el Poder Judicial como poder del Estado, que tiene que emanar del pueblo español', espetó el representante socialista a Gallardón.

Con él coincide el portavoz de JpD. Ramírez defiende que el CGPJ es un 'órgano político' que no ejerce jurisdicción. 'Política judicial sí; partidismo, no', lanza el magistrado. Y es aquí donde llegan los reproches de los expertos a la acción de los partidos políticos respecto al CGPJ. 'No eligen para él a los que tienen el mejor perfil sino a los que responden mejor a su interés partidista', dice el portavoz de JpD. El catedrático Luis Aguiar coincide: 'Que los elijan las fuerzas políticas, pero que los elijan bien. Hay que articular un sistema de elección más adecuado'.

'El primer CGPJ saboteó las políticas progresistas', advierte JpD

José Antonio Martín Pallín ejerce en la actualidad como abogado, pero antes fue magistrado del Tribunal Supremo. Del sistema actual de elección al CGPJ critica que deja fuera a los jueces que no están afiliados, en torno a la mitad de los que integran la carrera judicial. 'Ahora no tienen vocales, la mayoría se los reparten el PP y el PSOE con alguna concesión a los nacionalistas y a Izquierda Unida', afirma. Martín Pallín propone una tercera vía: elegir a 'miembros netos' del CGPJ entre los distintos colegios profesionales de la Justicia y, por otra parte, una comisión permanente que se encargue del día a día. Sobre la propuesta del Gobierno concluye: 'Están dándole vueltas a la noria para incurrir en los mismos vicios'.

En la misma línea se pronuncia Juan Luis Rascón, exportavoz de la comisión de Justicia del PSOE en el Congreso y que se ha reincorporado a la carrera judicial tras abandonar el partido. 'Lo de ahora es un sistema de cuotas. Hay dos partidos mayoritarios que tienen dos asociaciones judiciales de referencia y un 60% de no afiliados que acaba no teniendo representación en el CGPJ'. Rascón recuerda que hay una sentencia del Constitucional que da luz verde al sistema de elección actual, pero él opta por lo que marca el texto de la norma fundamental. '¿Qué hay más legítimo democráticamente en este país que la Constitución?', se pregunta. A la crítica por la influencia de las asociaciones se une Víctor Moreno Catera, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III, que recuerda el carácter 'subvencionado' que tienen. 'El problema es que el sistema judicial español está anclado en lo más rancio del siglo XIX: la oposición, el corporativismo, el torpedeo que produjo el tercer turno...', destaca.

El programa del Partido Popular en Justicia dedica un apartado especial al Tribunal Constitucional, para el que reclama 'independencia'. Los meses anteriores a la cita electoral, magistrados del tribunal de talante progresista fueron objeto de una campaña a cuenta de la decisión de permitir a la izquierda abertzale tradicional concurrir a las elecciones a través de la coalición Amaiur, críticas a las que se unieron dirigentes del partido entonces en la oposición.

El mecanismo que ha anunciado el actual Gobierno consiste en alargar el mandato de nueve años para hacerlo vitalicio, lo que supondría la modificación de la ley orgánica que lo regula. Para las renovaciones de los miembros del Constitucional cuatro de ellas están a día de hoy pendientes se requieren tres quintos de mayoría parlamentaria. El Gobierno, al igual que para la renovación del CGPJ, ha ofrecido consenso y el PSOE ya ha anunciado que 'casi con total seguridad' no apoyará la reforma, que requiere una modificación de la Constitución.

'En líneas generales, el Constitucional funciona bien. Hay que racionalizar y evitar que seis magistrados se tengan que reunir para un tema menor, que lo haga un solo magistrado y se evite así el colapso', opina el juez Rascón. Es una opinión extendida entre todos los consultados que la polémica en torno a la politización del Constitucional, que alcanzó las descalificaciones gruesas desde la derecha política y mediática con el caso de Amaiur, es estéril e interesada. Ante el Tribunal Constitucional, explican, deben ser únicamente presentadas leyes que presenten serias dudas de constitucionalidad. 'Algo que parece ignorar el PP llevando ante él un montón de leyes', opina Rascón.