'La justicia que se merece una víctima'. Eso es lo único que quieren Juana Ortega y Antonio Meño, los padres de Antonio Meño, para su hijo, que se quedó en coma vegetativo hace 21 años después de una operación de cirugía estética. '21 años y cuatro meses, exactamente', matiza ella.

La familia regresó ayer, después de la vista en el Tribunal Supremo, a la infravivienda donde viven desde hace año y medio en el centro de Madrid: una caseta de madera, situada enfrente del Ministerio de Justicia, cubierta con un toldo azul e incontables pancartas.

Fuera, la gente se agolpaba en la puerta para animarles, para felicitarles por su lucha o para protestar por su situación. 'Esto es una vergüenza, ¿pero todavía no se ha resuelto?', les decía una vecina. Dentro de la infravivienda, el matrimonio recibía con un café, y sin alejarse ni un minuto de la cama de su hijo, a periodistas y visitas varias. 'Aún tenemos fuerzas para seguir peleando', proclamaron Juana y Antonio.

Ambos forman un matrimonio de jubilados que, desde que recibieron la notificación de que debían pagar 400.000 euros por costes judiciales, se echaron a la calle a protestar y a recoger firmas.

Ahora llevan 506 días durmiendo, comiendo y cuidando de Antonio en su chabola, decorada con estampas de la virgen. ¿La ducha? En casa de un vecino que les presta su bañera. 'Es desagradable, pero lo soportamos gracias a mi hijo y al apoyo que hemos tenido', declaró Juana.

Pero con apoyo no se refiere a políticos ni instituciones, sino a la familia y a la gente de la calle. Ayer, las personas sin hogar que deambulan por la plaza donde ellos han instalado su campamento se acercaban a felicitarles. 'Ni siquiera la Asociación de Errores Médicos que yo ayudé a fundar me ayudó. Sólo me aconsejaron: Paga y calla', denunció.

Ella se negó y ahora ha obtenido su recompensa: un testigo nuevo que ha conseguido que se revise el caso. 'Cuando alguien le preguntó [al testigo, un médico] si estaba seguro de si había estado presente en esa operación, respondió que nunca podría olvidar la cara de mi hijo', explica Juana.

Aunque en 1993 la primera sentencia obligaba a la compañía aseguradora de la clínica a indemnizar a Antonio Meño con 172 millones de pesetas (más de un millón de euros actuales), la familia insiste en que no quiere dinero.

La petición que más le cuesta expresar a esta mujer es: 'Que se muera antes que yo, porque no quiero condenar al resto de mis otros tres hijos. Cuando cuidas de una persona así, no tienes vida'.

Antonio, su marido, reconoce que la lucha está haciendo mella en ellos. 'Estamos cansados, pero Juana no es una madre coraje; es una madre cabreada. Y contra eso nadie puede', señaló orgulloso.