El considerado cerebro del caso Pretoria sobre corrupción urbanística en Catalunya, Luis García, ha pagado la fianza de 500.000 euros impuesta, según confirmaron esta tarde fuentes jurídicas.

El ex diputado del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC), apodado Luigi, era el último de los 20 imputados en el caso que aún permanecía en prisión, donde ingresó a finales de octubre.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, consideró en un auto del 1 de abril que ya no existía riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas o documentos, motivos por los cuales fue privado de libertad de forma preventiva.

Instituciones Penitenciarias ya tiene el auto de libertad, según fuentes conocedoras del caso, por lo que García —al que se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental— podrá salir esta misma tarde de la prisión de Can Brians 2. Luis García permanecía en la cárcel desde octubre, después de que la sección cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional rechazara el recurso solicitando su libertad el pasado 14 de diciembre. Los magistrados consideraron entonces que existía el riesgo de que Luigi destruyera 'evidencias u otros datos, documentos o elementos necesarios' en la investigación del caso.

García, está considerado el líder de la presunta trama corrupta que operó en los municipios catalanes de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Según defendía Garzón en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión, en todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban 'un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos'.

El ex diputado de PSC habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, 'uno de los máximos responsables de la trama y por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma', se erigió 'en una especie de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución'. En la trama también se vieron involucrados el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (en libertad bajo fianza de 500.000 euros) y otras 18 personas entre las que cabe destacar los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo fianza de un millón de euros, respectivamente.

Otros imputados son el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos ellos en libertad bajo fianza. A los otros once imputados no se les impuso ninguna medida cautelar.