El magistrado ultraconservador Enrique López, a quien el PP apadrina como candidato al Constitucional, no sólo tendría que abstenerse en la deliberación sobre el Estatut y la ley del matrimonio homosexual sino, también, sobre el caso Gürtel si los imputados pidieran amparo al alto tribunal por vulneración de derechos fundamentales. A través de un familiar, López está vinculado a José Luis Ulibarri, el empresario más prominente de los imputados por su participación en la red corrupta.

Miguel Manovel, casado con una hermana del magistrado, no sólo trabaja para Ulibarri como directivo y miembro de los consejos de varias de sus sociedades sino que fue quien firmó las cuentas de 2005 presentadas por su empresa UFC, clave en el caso Gürtel: gracias a un concurso amañado, UFC obtuvo en 2005 la adjudicación de una parcela municipal en Boadilla (Madrid). La empresa ganó pese a que ni siquiera estaba dada de alta en la Seguridad Social y a que su oferta era peor que las de otras compañías que acudieron al concurso. Manovel no atendió ayer las llamadas de Público.

Tras el estallido del caso Gürtel, la adjudicación de la parcela de Boadilla a UFC fue descrita por el juez Baltasar Garzón como paradigma del modus operandi de la red que dirigía Francisco Correa: concursos manipulados a cambio de sobornos. 'Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri', escribió Garzón. Meses después, el empresario actuó como ariete contra Garzón por las escuchas a miembros de la red corrupta.

Ayer, fuentes próximas al magistrado restaron importancia a este episodio y se limitaron a recordar que el cuñado de López no está imputado en el procedimiento.

Mimado por el PP, que en 2001 lo aupó como vocal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), López se ha destacado por opinar sin tapujos sobre asuntos pendientes de dictamen judicial. Como portavoz del CGPJ, se opuso con ferocidad a la ley del matrimonio homosexual y suscribió la extravagante tesis de que dar carta de naturaleza a la unión de dos personas del mismo sexo abre la puerta a la legalización de la poligamia.

Sus insultos al Estatut no quedaron atrás. Desde el mismo momento en que el Parlament de Catalunya aprobó la nueva norma estatutaria, López emprendió una campaña de desprestigio del texto. Con el Estatut, dijo, se iniciaba 'un proceso regular de reforma de la Constitución', que se veía 'desbordada' de facto y de modo ilegal.

Fuentes empresariales de Castilla y León sostienen que el PP de esa comunidad fue el propulsor de López para su salto al Poder Judicial. Fue en Castilla y León donde Ulibarri construyó su imperio, que alcanza a sectores tan dispares como el ladrillo y los medios de comunicación. En febrero de 2009, cuando Ulibarri ya estaba imputado en el caso Gürtel, el Gobierno de Castilla y León adjudicó la televisión digital autonómica a una sociedad donde el empresario participa al 50%. En agosto, la avaló con seis millones de euros.

15 años de servicio

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que sólo serán elegibles los juristas 'de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función'.

Servicios especiales

López entró en la carrera judicial en junio de 1989. En noviembre de 2001 se incorporó como vocal al Poder Judicial, cargo que mantuvo hasta septiembre de 2008. Durante esos siete años, y al igual que los restantes miembros del CGPJ; permaneció en 'servicios especiales', y así lo acredita su nombramiento, publicado en el BOE del 16 de noviembre de 2001.

El criterio del Supremo

Si se descuentan esos siete años, López no cumple hoy los tres lustros de servicio activo. En junio de 1994, el Supremo declaró ilegal el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado porque, descontando su periodo de servicios especiales, no acumulaba 15 años en activo.