La ley de memoria histórica de Izquierda Unida (IU) duerme ya en el cajón de los proyectos frustrados. PSOE y PP tumbaron ayer en el Parlamento autonómico la proposición de Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, de claro acento republicano y con la que la coalición pretendía adelantar por la izquierda la normativa nacional aprobada en 2007 en el Congreso (con el apoyo de IU). La ley ni siquiera fue admitida a trámite. Hubo cien votos en contra, cinco a favor -los cinco de IU, uno de cuyos seis parlamentarios faltó- y ninguna abstención.

Con un informe contrario del Consejo de Gobierno, la primera ley de memoria histórica debatida en el Parlamento andaluz llegaba a la Cámara condenada a morir antes incluso de nacer. No obstante, el debate tenía el interés político de ver a PSOE y PP votando en el mismo sentido en un tema, la memoria histórica, donde son como el agua y el aceite.

Los noes de ambos grupos fueron de distinto tenor. Teresa Jiménez (PSOE) calificó de 'innecesaria' la norma al existir ya una ley española y un desarrollo de las políticas en la materia por parte de la Junta, caso de la figura del comisario de memoria, el protocolo de exhumaciones, la indemnización a 2.500 represaliados por una cuantía superior a 9,5 millones de euros, el mapa autonómico de fosas... 'Cualquiera de fuera de Andalucía que leyera su ley pensaría que aquí no se ha hecho nada. Me quedo perpleja', dijo.

Carlos Rojas (PP) no se movió una línea de la tesis de su partido sobre memoria histórica desde que el Gobierno promovió la ley nacional en la primera legislatura de Zapatero: sólo sirve para 'reabrir heridas'. 'No está el horno para esos bollos', añadió. La ley, dijo Rojas, es una 'cortina de humo' para no hablar de los '1,2 millones de parados y las 350.000 familias andaluzas sin ingresos'. El interés de los andaluces, dijo, no está en la memoria histórica, sino en saber 'quién se lleva el dinero público de los andaluces con fines privados', en referencia implícita al escándalo de los ERE. Rojas conminó a IU a preguntar a los andaluces si quieren una ley como esta 'o un trabajo'.

José Manuel Mariscal (IU) respondió a Rojas que 'también' se pondría preguntar a los andaluces 'si quieren una derecha tan facha' como la liderada por Javier Arenas, que, según el secretario general del PCA, no se ha desmarcado todavía de la dictadura. Con respecto a los argumentos del PSOE -que la ley es innecesaria-, Mariscal dijo que la norma aporta, entre otros valores, el plus de obligar a una investigación judicial de los crímenes, que al ser actos de 'genocidio' son 'imprescriptibles'.

La norma frustrada de IU pretendía obligar a la Junta a localizar las fosas comunes, garantizar su conservación, excavarlas y exhumar los restos si es posible, así como a identificarlos, todo ello con dinero público. Con ello se quería liberar de responsabilidad a familiares y asociaciones y obligar al Gobierno andaluz a asumir directamente y de oficio las tareas.

La norma recoge el 'derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura (...) y la Transición'. Una de las medidas para garantizarlo sería la inclusión de la 'Memoria Democrática' en el currículo escolar. La norma fija la creación de un Instituto de la Memoria Democrática, de un censo público de desaparecidos y de un banco de ADN. También prevé un Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática. La ley impone la retirada de los símbolos franquistas de los edificios privados. IU afirmó el 16 de marzo que la negativa de admisión a trámite de esta ley por parte del PSOE sería considerada casus belli.

A las puertas del Parlamento se manifestaron durante el pleno, convocadas por el Foro por la Memoria, unas veinte personas con banderas republicanas.