El Gobierno de Castilla-La Mancha pagará una ayuda al alquiler a todos los ciudadanos que lleven sin éxito un año esperando acceder a una vivienda protegida. El total de personas en esas circunstancias que se beneficiarán de la Ley de Garantías en el Acceso a la Vivienda asciende a 30.000 personas (1,4% de la población total de esta comunidad autónoma).

La norma aprobada ayer en el Parlamento autonómico con la abstención del PP permite el acceso a una renta protegida a los mayores de 22 años con unos ingresos anuales menores a 16.000 euros. El Gobierno de José María Barreda se compromete a cumplir así con el artículo 47 de la Constitución que garantiza el derecho a una vivienda digna.

Los beneficiarios por la medida ascienden a 30.000 personas

La norma obliga por ley a la Junta a otorgar en menos de un año un alquiler público a los que lo soliciten y, si no es posible, pagar 'el sobrecoste' que suponga el alquiler en el mercado libre, como lo define el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón.

La norma castellanomanchega sucede a la anunciada el pasado enero por el Gobierno vasco que grava a los propietarios que no pongan en el mercado sus casas vacías. A diferencia de la ley vasca, la norma aprobada ayer no presiona a los propietarios. Además, Andalucía aprobó hace un año una ley similar que garantiza que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales el derecho a una vivienda digna.

El límite de ingresos establecido para acceder al alquiler protegido es de 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que según fue publicado en el BOE del pasado diciembre asciende en 2011 a 6.390 euros anuales. Por tanto, una pareja que quiera beneficiarse de la ley no deberá tener unos ingresos superiores a 32.000 euros.

Permite el acceso a la ayuda con ingresos menores a 16.000 euros

La oposición consideró la norma 'electoralista' porque 'formaba parte del programa de Barreda de hace cuatro años y se ha aprobado a dos meses de las elecciones', según el diputado del PP, Leandro Esteban. 'La ley cuenta con buenas intenciones, pero no tiene una memoria económica y deja la responsabilidad a los ayuntamientos que deben ceder el suelo', añade Esteban.

El consejero señala que su Gobierno se reunirá con los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias para poner a disposición de los ayuntamientos 'las empresas públicas y privadas' para que pongan suelo disponible para viviendas protegidas. El compromiso primordial de la medida es otorgar una vivienda protegida en menos de un año. Y si no es posible, pagar la ayuda complementaria al alquiler.

Andalucía y el País Vasco tienen normas similares para sus vecinos

En el caso de que el demandante, que debe tener una antigüedad de tres años de padrón en Castilla-La Mancha, tenga que acudir al mercado libre en busca de un alquiler, recibirá una ayuda en función de dos indicadores: el precio medio del alquiler en la zona y la cuota de un vivienda protegida.

La Junta pone el siguiente ejemplo: una familia de cuatro miembros en Toledo con ingresos de 24.000 euros anuales alquila una casa de 90 metros por 635 euros mensuales (precio medio calculado por la Sociedad Públcia del Alquiler). La cuota de una vivienda protegida de ese tamaño es de 338 euros. La Junta pagaría la diferencia de 297 euros al mes.