Un perito acompañado por agentes de la Policía Judicial visitó ayer varias oficinas bancarias de Castellón. En cada una de ellas pidió toda la información sobre los movimientos en los últimos cinco años de las cuentas bancarias de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y máximo responsable del PP de esta provincia. Solicitaron también los datos de las cuentas de su esposa y sus hijos, según fuentes de la acusación.

La información bancaria que no fue facilitada en la misma mañana de ayer deberá llegar a manos del perito en los próximos días, informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las sucursales visitadas fueron en torno a una veintena. A la espera del informe que elaboren los peritos, de momento se desconoce el número total de cuentas bancarias existentes a nombre de Carlos Fabra, aunque un informe de la Agencia Tributaria elaborado en 2005 señala que ya en el año 1999 eran 24, repartidas en 15 entidades bancarias diferentes.

Con este último movimento, el caso Fabra comienza a agilizarse después de casi cinco años de retrasos provocados por los ocho cambios de juez y los cuatro de fiscales que ha padecido el Juzgado número 1 de la localidad castellonense de Nules, que instruye la causa. El líder del partido conservador en Castellón está acusado de nueve delitos, entre los que se cuenta la malversación de fondos, el fraude fiscal, el cohecho y el tráfico de influencias.

La decisión del perito y los agentes de la Policía Judicial de acudir personalmente a las oficinas y entregar los requerimientos en mano a sus responsables en lugar de solicitar la información por correo ordinario pretendía eludir una 'nueva demora de meses', explicó el TSJ en una nota informativa.

La investigación de los movimientos en las cuentas bancarias del presidente de la Diputación es un paso fundamental para la instruir el caso. Según fuentes de la investigación, el Juzgado de Instrucción solicitó el inicio de las pesquisas en el año 2005, pero éstas no comenzaron hasta 2006 porque un recurso presentado por el acusado hizo necesario el consentimiento de la Audiencia de Castellón.

Fue entonces cuando los peritos judiciales comenzaron la tarea de revisar todas las pruebas que la acusación particular y la Fiscalía han recogido a lo largo de la instrucción. En primer lugar, revisaron todos los tomos de la causa. Después, accedieron a los registros de organismos públicos como la Agencia Tributaria.

El paso siguiente dio comienzo ayer. A juzgar por el método utilizado en esta ocasión por el Juzgado, el nada habitual de la visita en persona del perito a las entidades bancarias, se ha elegido el procedimiento de urgencia.

Los periodistas preguntaron ayer por la mañana a Carlos Fabra su opinión sobre el recorrido que, en ese mismo momento, hacía la Policía Judicial por los bancos de Castellón en busca de información sobre el uso que hace de su dinero. Según informa Europa Press, el presidente de la Diputación aseguró 'no estar nada nervioso' y añadió que 'si eso forma parte del procedimiento, me parece muy bien que se mire con toda pulcritud'. 'A mí me parece muy bien', añadió, 'si van con un mandamiento judicial a investigar lo que llevan investigando hace cuatro años y que se les ha remitido en reiteradas ocasiones por parte de la entidad bancaria'.

Además de expresar su tranquilidad y satisfacción ante las visitas de los peritos a varios bancos de Castellón, ayer Carlos Fabra arremetió una vez más contra los medios de comunicación: 'Lo que sí que es sorprendente, para quien cree que esto funciona como debería funcionar, es que sea la Cadena Ser, vinculada al Gobierno, la que dé la noticia porque esto debería ser un secreto sumarial'. No es la primera vez que el presidente de la Diputación trata de desacreditar a los medios que se interesan por la investigación judicial.

Las descalificaciones con las que el líder conservador responde a cualquier pregunta sobre las acusaciones que pesan sobre él alcanzan también a sus rivales políticos. El pasado 29 de julio, pronunció las palabras 'hijo de puta' segundos después de escuchar al portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer. Hacía solo unos segundos que el Pleno había terminado y la megafonía de la sala no llegó a reproducir el insulto, que sí fue captado por los micrófonos de un medio de comunicación. Hace poco más de una semana, en el primer pleno de la temporada política en la institución, Fabra se negó a pedir una disculpa pública.

La instrucción del ‘caso Fabra’ comenzó a finales del año 2003 y todavía no ha terminado. La causa recayó sobre el juzgado número 1 de Nules. En estos años ha habido ocho cambios de jueces y cuatro de fiscales. En el mes de julio, la plaza quedó desierta. Ante los retrasos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) pidió en julio refuerzos para los juzgados afectados. Solicitó “dos juzgados bis compuestos cada uno de ellos por un juez, un secretario judicial, un gestor y dos tramitadores”.

El CGPJ atendió los requerimientos del TSJ y creó las plazas de juez necesarias para la ampliación. El Ministerio de Justicia formalizó el trámite siguiente: el de dar el visto bueno al refuerzo.

El último paso en este proceso corresponde a la Consellería de Justicia valenciana, a la que corresponde dotar de los medios humanos y materiales necesarios a los nuevos juzgados. El pasado día 19, la Generalitat comunicó que no enviaría los funcionarios correspondientes hasta el primer semestre del año próximo. Argumentó que es cada seis meses cuando se hace el reparto de medios para los diferentes juzgados de la comunidad.

En julio, el PSOE presentó una moción en la Diputación de Castellón para que la institución pidiera más medios para el juzgado de Nules. La respuesta del PP fue sustituir la propuesta por otra en la que se solicitaba el refuerzo de todos los juzgados de la provincia.