La Justicia argentina ha anulado, por segunda vez, la orden dictada por la jueza María Servini con el fin de detener a Rodolfo Martín Villa para tomarle declaración por hechos ocurridos cuando era ministro de Relaciones Sindicales, en 1976, y de Gobernación (hoy del Interior), en 1977, de España.

Según han informado fuentes próximas a la defensa, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina -cámara de apelación- afirma, en un auto del pasado martes, que carece de fundamento la motivación que adujo la jueza Servini para reiterar su orden de detención el pasado 14 de julio, al día siguiente de que esa Cámara anulase su orden por injustificada.

Frente al motivo esgrimido por la jueza de instrucción para detener a Martín Villa -que "no se ha puesto a derecho" pese a los exhortos para que declare-, los magistrados resaltan que en el sumario hay constancias de que desde el principio, en diciembre de 2014, el exministro ha pretendido dar su versión y se ha ofrecido a colaborar en la investigación.

La Cámara aclara que, si no han dado resultado las solicitudes del Juzgado para tomarle declaración, no ha sido porque Martín Villa se haya negado a declarar sino porque las autoridades españolas no concedieron su extradición y porque jueces españoles han determinado que no procede que la jueza Servini le interrogue como imputado.

El auto de la cámara de apelación es crítico con la actuación de la jueza Servini como responsable de la instrucción, han añadido las fuentes.

Los magistrados recuerdan que ya advirtieron a Servini de que el déficit en su investigación de los hechos con los que se pretende relacionar a Martín Villa "había generado una carencia de fundamentación" a la hora de calificar tales hechos como delitos de genocidio o de lesa humanidad.

Y añaden que esa omisión se repite en la reiterada orden de detención.

La cámara de apelación argentina advierte, además, de que "había razones de peso" para que, antes de establecer, como se ha hecho, conclusiones sobre la calificación jurídica de los hechos, el Juzgado de instrucción debía haber agotado las vías disponibles para atender la petición de Martín Villa de aportar su versión de lo ocurrido.

La acción de la jueza argentina parte de una querella presentada contra Martin Villa en la que se le responsabiliza de los sucesos de Vitoria que causaron cinco muertes en marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales.

En plena transición española, pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, la policía reprimió una concentración de trabajadores en Vitoria, acción que se saldó con cinco fallecidos y numerosos heridos.

De acuerdo con las indicaciones de la cámara de apelación argentina, Martín Villa podrá declarar en libertad y la jueza imponerle una fianza con arreglo a las pautas y limitaciones que establece la legislación argentina, así como otras obligaciones procesales.