El Ejecutivo andaluz ha tomado, tras un tiempo de reflexión, la decisión de no entregar a la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, las actas de las 480 reuniones del Consejo de Gobierno desde el año 2001. Mar Moreno, consejera de Presidencia, anunció ayer que la Junta cree que tal petición, inédita en España hasta ahora, no es 'legal' y va 'más allá de lo razonable' por ser 'indiscriminada y generalizada'. Por ello, ofreció a la magistrada una vía alternativa para que prosiga con sus pesquisas: que concrete lo que quiere. El Gobierno le enviará entonces la certificación de acuerdos o informes concretos que sean de interés para su investigación o la inexistencia de los mismos.

'En este caso, ha sido solicitada la entrega material de todas las actas, sin especificar qué tipo de acuerdos o contenido argumentó ayer Moreno de las actas se precisan para el buen fin de la investigación judicial. Estamos ante una petición indiscriminada, sin motivación alguna que la sustente y que obligaría al Consejo de Gobierno a incumplir la ley, a renunciar a la naturaleza reservada de parte de sus sesiones o a renunciar a sus competencias'.

Nunca un juzgado había pedido a un Gobierno cuentas de todos sus consejos

El Ejecutivo, como avanzó Público, ha decidido apoyarse en un informe de los servicios jurídicos de la Junta, que cita la Ley del Gobierno de Andalucía, que en su artículo 31 señala: 'Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejodecida hacerlos públicos'. Es decir, interpreta la Junta, les corresponde a ellos decidirlo, nunca a la magistrada.

Alaya había solicitado todas las actas, junto a una ingente documentación, en un auto fechado el pasado 21 de marzo sin más razonamientos que dos: que eran 'de interés para la causa' y que se devolverían tras ser analizadas las que no tuvieran relevancia para su investigación, dada la naturaleza de los textos.

'Es una petición que no tiene motivación que la sustente', afirma Mar Moreno

'En el improbable caso de que el juzgado no acepte esta vía, estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en defensa de las potestades del Gobierno', manifestó Moreno. Este tribunal está presidido por Carlos Dívar, presidente del Supremo, y está compuesto por otros cinco vocales, de los que dos serán magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, designados por el pleno del Consejo del Poder Judicial, y los otros tres, consejeros de Estado. Es el encargado de resolver los conflictos que se plantean entre las administraciones y la Justicia.

El proceso que podría seguirse, en el caso de que Alayano aporte más concreción en su reclamación al Gobierno, es el siguiente. La propia juezadebería elevar el conflicto al tribunal a requerimiento de la Junta de Andalucía. Si no lo hace, la propia Administración autonómica podría plantear por sí misma el conflicto. La ley prevé multas por recursos temerarios.

'La solicitud [de todas las actas] efectuada es inédita en el orden constitucional de España. No hemos encontrado un solo precedente y entendemos que hay un claro conflicto jurisdiccional, un claro conflicto de poderes constitucionales, Ejecutivo y Judicial, que además queremos resolver a favor de la investigación judicial sin violentar la Ley del Gobierno de Andalucía'.

El caso puede llegar al Tribunal de Conflictos, presidido por Dívar

El Gobierno andaluz considera que, si el caso llega al Tribunal de Conflictos, 'marcará un precedente para toda España, no sólo para Andalucía, sino para todas las comunidades, incluso para el Consejo de Ministros'.

Moreno ofreció una vez más la colaboración del Gobierno a la magistrada: 'Queremos llegar al mismo fin, que el juzgado conozca cualquier acuerdo relevante, pero utilizando una vía que respete la Ley del Gobierno'. Moreno afirmó que toda la documentación que la jueza requirió la semana pasada que le fuera enviada en 48 horas, 'en buena parte pedida por primera vez', está ya en el juzgado. 'Fueron 150.000 folios localizados, cotejados, fotocopiados y diligenciados por funcionarios', agregó.

Ayer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se refirió en Marbella al caso de los ERE. 'Lo que ha sucedido con ayudas al empleo y a empresas en crisis es inaceptable. Con esto hay que terminar. Aspiramos a ser un país democrático y civilizado. Es una burla al conjunto de ciudadanos', dijo, informa Francisco Flores. Por ahora, la Junta admite que se desviaron al menos nueve millones de euros a 72 falsos prejubilados.